República Dominicana conmemora hoy el 171 aniversario de la proclamación de la Constitución Política que formalizó su nacimiento como nación libre e independiente, una consagración que lo mejor del gentilicio nacional ha sabido, a lo largo de la historia, defender y consolidar con denodado sacrificio y entereza.

La ocasión es propicia para resaltar que ese texto, votado por la Asamblea Constituyente reunida en San Cristóbal el 6 de noviembre de 1844, consagró en la conciencia nacional la proclama republicana anunciada nueve meses antes con el trabucazo de los trinitarios en la Puerta de la Misericordia.

Las primigenia Constitución, que acogía ideales esenciales de los fundadores de la nacionalidad, fue inoculada todavía en vientre de la Asamblea, con veneno de intolerancia y represión, emanado de una desmedida ambición política y personal del general Pedro Santana.
Ese caudillo, que tuvo el miserable papel histórico de canjear la naciente República por un título nobiliario, con los fusiles de su ejército obligó a los asambleístas a conferirle poderes ilimitados de dictador.

Ese fatídico artículo 210 señalaba que: …“el presidente puede libremente organizar el Ejército y Armada, movilizar las guardias nacionales y tomar todas las medidas que crea oportunas para la defensa y seguridad de la nación; pudiendo, en consecuencia, dar todas las órdenes, providencias y decretos que convengan, sin estar sujeto a responsabilidad alguna”.

Basado en esa insana prerrogativa, el presidente Santana exilió a Juan Pablo Duarte, fusiló a Francisco del Rosario y a María Trinidad Sánchez, persiguió a los trinitarios e instauró una dictadura, antes de reducir la República a una colonia española.

Al conmemorar hoy el Día de la Constitución, buenos y verdaderos dominicanos están compelidos a promover la Ley de Leyes como sustento esencial de la República y de su régimen de derecho, borrando por siempre la funesta presunción de que debe ser reducida a un simple pedazo de papel.

La nación dominicana se sustenta hoy en una Carta Magna liberal que consagra derechos de última generación y que proclama un Estado social de derechos, que debe ser respetada de manera absoluta por gobernantes y gobernados, si de verdad se anhela un país libre, democrático, basado en la igualdad social y en la prevalencia de la ley.