El 27 de febrero pasado, el discurso de Rendición de Cuentas ante la Asamblea Nacional, octava y última presentación del presidente Danilo Medina, fue una larga retórica de 12,254 palabras, de las cuales, 209 fueron dedicadas a la violencia de género.

Sabemos que, si hubiera transversalizado su rendición de cuenta al género, hubiese sido una gran oportunidad de ver la situación del país con mayor claridad y en justicia para la mitad de esta nación, las mujeres.

La pobreza continúa siendo femenina, con mayores índices en los hogares encabezados por mujeres y las más afectadas son las que viven en zonas rurales. El Estado, administrado por el presidente en los últimos años, sigue manteniendo la gran deuda de garantizar la inserción de las mujeres en el mercado laboral en igualdad de condiciones con los hombres.

No hay en el país una política integral de salud que contemple los derechos sexuales y los derechos reproductivos, porque a los políticos y a las políticas les dobla el brazo el sector más conservador fácilmente, mientras una de cada cinco adolescentes se embaraza, un problema grave de salud, de crecimiento y bienestar social, asociado a la cadena de pobrezas de las mujeres dominicanas.

También, la elevada mortalidad materna y su relación con el aborto inseguro, penalizado en toda circunstancia, aun cuando la vida de la mujer está en riesgo, cuando el embarazo es fruto de violación y de incesto o cuando el producto de la gestación es inviable; sin servicios accesibles y gratuitos, el Estado viola la autonomía física de las mujeres y las obliga a realizarse abortos clandestinos e inseguros, sobre todo a las mujeres y niñas pobres.

La educación integral en sexualidad, sigue siendo un reto que impacta en esas tasas de embarazo en adolescente, porque, en niveles políticos, se tiene miedo de enfrentar el problema con una visión científica, ya que eso, resta votos.

La Educación, no ha sido aún una revolución para las mujeres, que, con mayor nivel educativo, no tienen mejores posibilidades ni mejores salarios, además, la educación, fundamental para construir una sociedad con igualdad, libre de prejuicios y discriminación por razones de género, no se está dando. Las prácticas docentes, los contenidos curriculares, todo ligado a las creencias religiosas, lo impiden.

No hay un registro científico y confiable para recabar los datos de las violencias contra las mujeres y el feminicidio, y decir que han disminuido éstos el 28%. Mucho menos que hay apoyo para las mujeres, cuando solo el 2% de los casos entran al sistema judicial.

No, señor presidente, ¡no!