De entrada, diré que una fracción del Partido Revolucionario Dominicano, encabezada por la corriente del PPH, no tiene derecho a perturbar la paz ciudadana, la tranquilidad de la familia o la convivencia pacífica entre los dominicanos.

Sus problemas internos son su eterno rompecabezas; que eso lo sabemos desde que don Juan decidió marcharse de ese partido.

El asunto es de crisis sobre crisis. Insulto sobre insulto. Odiar al prójimo y amar el caos, la trifulca y el libertinaje.

¿Por qué insistir en que suban a su escenario otros actores que nada tienen que ver con sus luchas internas?

¿Y quién ha dicho que obligatoriamente el grueso de la sociedad tiene que entrar a su juego peligroso? ¿Por qué intentar desconocer nuestra Constitución?

Todos sabemos que aquí recientemente se celebraron elecciones presidenciales, y que las mismas fueron elogiadas no sólo por instituciones nacionales sino, afortunadamente, también por organismos internaciones.

Nuestro país goza de gobernabilidad democrática.

Por eso vivimos bajo un Estado social y democrático de derecho.

Tenemos derechos y deberes. Todo el que tiene dos ojos de frente, sabía que las contradicciones, cual si fueran una bomba de tiempo, explotarían inmediatamente después de haber pasado el proceso electoral.

La verdad es que hubiesen ganado o perdido (como perdieron) le entrarían rápido al grupo de Miguel Vargas Maldonado. No se trata meramente de buscar y señalar culpables. La cosa es mucho más profunda, más compleja.

El PPH anda en búsqueda del control absoluto de la organización blanca. No quieren cerca de ellos a nadie que tenga un ligero olor o sabor a Miguel Vargas Maldonado. ¿Por qué? Sencillo, porque se han propuesto tener el control unánime del partido para entonces apoderarse de todos los cargos en el 2016. Esa es la pura realidad.