Mientras una parte de la sociedad dominicana sostenía que el poder ejecutivo no promulgaría el nuevo Código Penal, el pasado domingo la realidad los sorprendió.

Contra todo pronóstico y escepticismo, el presidente Luis Abinader firmó la ley que pone fin a décadas de intentos fallidos, miedos políticos y vacilaciones legislativas.

Lo que durante años fue una promesa estancada, hoy se convierte en un hecho histórico.

Abinader se corona como el presidente que se atrevió. Más allá del acto simbólico, su decisión representa una ruptura con un legado legal añejo que ya no respondía a las realidades del siglo XXI.

Durante décadas, el país arrastró un cuerpo penal plagado de vacíos, inconsistencias y conceptos obsoletos. Por fin, se ha dado un paso decisivo hacia una legislación que establece medidas contra la criminalidad moderna, para el respeto a los derechos humanos y la necesidad de una justicia más efectiva y coherente.

¿El nuevo Código es perfecto? En absoluto. Como toda legislación, está sujeto a críticas, interpretaciones y futuros ajustes.

Pero ignorar su aprobación como un avance sustancial sería un acto de miopía política.

Este logro también deja una lección importante: gobernar no es simplemente administrar lo cómodo o postergar lo complejo. Es decidir, incluso cuando esas decisiones generan fricciones.

Con la promulgación del nuevo Código Penal, Abinader ha asumido un costo político que otros prefirieron evitar. Eso, para bien o para mal, lo distinguirá en los libros de historia.

La historia juzgará no solo al presidente que lo firmó, sino también a los jueces, fiscales, legisladores y ciudadanos que, de aquí en adelante, decidan si esta ley será una herramienta viva para proteger derechos y garantizar justicia, o un trofeo legislativo más en los archivos del Congreso.

Una ley de esta magnitud no se defiende solo desde cada tribunal, sino desde cada fiscalía y cuartel del país, donde su correcta interpretación y aplicación marcarán la diferencia entre un cambio real y un texto olvidado.

Pero al menos, hoy, la República Dominicana tiene una base más sólida desde la cual construir un sistema penal más justo, eficiente y moderno.