Luego de más de dos décadas de debates, postergaciones y controversias, la República Dominicana finalmente cuenta con un nuevo Código Penal, aprobado en agosto de 2025, que sustituye al obsoleto texto jurídico vigente desde 1884. Esta reforma, largamente esperada por juristas, académicos y sectores sociales, representa una modernización integral del sistema penal dominicano, adaptándolo a los retos del siglo XXI.

Una de las transformaciones más significativas es la inclusión de más de 70 nuevos tipos penales, muchos de ellos inexistentes en el viejo código.

Entre los delitos ahora tipificados se destacan el feminicidio, el sicariato, la violencia digital, el acoso por redes sociales, la violación conyugal, el autosecuestro, la estafa piramidal y los crímenes de lesa humanidad. Estas figuras reflejan una realidad social y tecnológica que había quedado fuera del radar jurídico durante más de 140 años.

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El nuevo Código también introduce el cúmulo de penas, permitiendo que las condenas se sumen y lleguen hasta un máximo de 60 años en casos de delitos graves múltiples. Esto pone fin a la impunidad relativa de quienes, bajo el marco anterior, cometían diversos crímenes pero enfrentaban penas limitadas.

Por primera vez en la historia penal del país, se reconoce la responsabilidad penal de las personas jurídicas, es decir, empresas y organizaciones privadas que incurran en delitos, aunque se excluye a entidades públicas y religiosas como instituciones. Este punto, aunque limitado, abre la puerta a sancionar estructuras delictivas más complejas.

En cuanto a la protección de las víctimas, se fortalece el marco legal con nuevas medidas de resguardo, creación de un registro nacional de agresores sexuales y extensión de los plazos de prescripción en delitos contra menores. Se incorporan además medidas socio judiciales que buscan equilibrar la sanción con la reinserción del condenado, como la semilibertad supervisada o la participación obligatoria en programas de reeducación.

Sin embargo, no todo son avances. Persisten omisiones importantes como la exclusión de las tres causales del aborto (violación, incesto e inviabilidad fetal) y la eliminación de la orientación sexual como agravante en homicidios. Estas exclusiones han sido fuertemente criticadas por organizaciones de derechos humanos y colectivos feministas y LGBTQ+.

Con sus luces y sombras, el nuevo Código Penal representa un paso firme hacia un sistema de justicia más moderno, funcional y acorde a los desafíos contemporáneos. No es perfecto, pero es, sin duda, un punto de partida imprescindible para seguir construyendo una República Dominicana más justa, segura y respetuosa de los derechos fundamentales.