Tarde llegó la buena nueva del secretario de la Presidencia, de que no se producirán despidos masivos en la administración pública, al menos para más de dos mil empleados cesanteados en la Corporación de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), Lotería e Instituto de Recursos Hidráulicos (Indrhi).

Las garantías ofrecidas por el doctor Ramón Pina Toribio no alcanzan a esos miles de servidores, la mayoría de los cuales fueron despedidos bajo el alegato de que no ejercían funciones o de que formaban parte de séquitos o clanes de anteriores administradores.

Si se acepta el argumento de que la nómina pública está saturada, entonces las cancelaciones se contarían por decenas de miles, pero en tiempos de crisis económica, incrementar el desempleo puede ser remedio peor que la enfermedad.

El nuevo gobernador de Puerto Rico, Luis Fortuño, se fijó como meta el despido de 30 mil empleados públicos como forma infalible de equilibrar el presupuesto de la isla, proyecto que abortó abruptamente cuando llevaba más de siete mil despidos, ante el peligro de que se desplomara la maltrecha economía boricua.

La nómina pública dominicana consume 58 mil millones de pesos anuales, por lo que sería entendible promover su reducción en esa plantilla de empleados, aunque los efectos colaterales de una medida de esa magnitud serían hoy tan perjudiciales como el mal que se pretende afrontar.

Se resalta, sin embargo, que la promesa del secretario Pina Toribio, de que no se producirían despidos masivos en el sector público, ha coincidido con el paso de aplanadoras en por lo menos tres instituciones oficiales.

Resulta discriminatorio botar a miles de empleados en Lotería, CDEEE e Indrhi, bajo el sanbenito de que eran botellas, mientras no se actúa igual con otras dependencias que soportan nóminas supernumerarias.

A los miles de cancelados en esas dependencias públicas les asiste derecho a correr la misma suerte que otros servidores en similares condiciones. O todos toros o todos vacas.