Es obvio que la decisión de romper relaciones contractuales con el consorcio Odebrecht no podía tomarse de la noche a la mañana, pero llama la atención que la medida se anuncie en el momento en que el Gobierno padece su primera crisis o vive sus horas más bajas por el masivo rechazo a los nuevos impuestos para cubrir el presupuesto de 2021.
Tras el acuerdo de lenidad que las pasadas autoridades suscribieron con la constructora a raíz del escándalo de los sobornos, la ruptura pura y simple anunciada por el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta Romero, plantea sus confusiones legales.
No se citan violaciones que motiven la ruptura y para colmo todavía se desconoce la auditoría a 11 obras que la Cámara de Cuentas dijo que daría a conocer a finales de septiembre. A menos que se demuestre lo contrario parece que con la ruptura se procura también un golpe de efecto.
El Nacional
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