La instauración de un gobierno de unidad nacional fue promesa presentada por las dos principales fuerzas políticas que compitieron en la pasada contienda electoral, por lo que no debería ser difícil que esa propuesta se concretice a partir del 16 de agosto aun sea con acuerdos sobre grandes trazos de políticas públicas.

El presidente Danilo Medina, virtual ganador de las elecciones del 15 de mayo, ha ofertado trabajar junto a la oposición política para que el país avance en todos los sentidos, una iniciativa que en ningún modo puede ser definida de quimérica.
Se resalta el manifiesto deseo del Presidente de impulsar iniciativas de gobierno en alianza con senadores, diputados, alcaldes y regidores electos en las diversas banderías opositoras, lo que sin dudas conduce a un necesario e imperativo compromiso de nación.

No debería aspirarse a que la oposición política quede representada en el gabinete del nuevo gobierno ni a que extravíe su misión crítica ante lo que considere yerros oficiales, sino a que preste su debida colaboración en la ejecución de proyectos de trascendencia relacionados con la economía, institucionalidad, justicia y equidad social.

Sin el concurso de los partidos representados en el Congreso y en los municipios, y de otras entidades partidarias que no lograron curules, al nuevo gobierno se le haría muy difícil conseguir consenso para afrontar retos vitales vinculados con la industria eléctrica, fiscalidad, seguridad pública, educación, salud, vivienda y transporte.

El difícil entorno internacional, matizado por la brusca caída de la economía de China, incertidumbre electoral en Estados Unidos, crisis económica y política en América Latina y recesión en la Unión Europea, obliga a Gobierno y oposición a procurar fórmulas de avenencia al momento de abordar la lista de urgencias nacionales.

La invitación que ha hecho el presidente Medina para trabajar junto a las bancadas oposicionistas en el Congreso y los municipios, no debería ser interpretada como una expresión protocolar post electoral, sino como un sincero propósito de procurar mayores niveles de gobernanza ante previsibles turbulencias económicas y políticas.

A partir del 16 de agosto, la República requiere que Gobierno, clase política, empresariado y sociedad civil halen la cuerda en la única dirección del debido consenso para poder afrontar graves y dilatadas crisis en los ámbitos económico, político y social que requieren de urgente solución antes de que sea muy tarde.