La segunda vuelta de las elecciones presidenciales y legislativas de Haití, programada para el domingo 27 de este mes, fue suspendida abruptamente ayer, lo que agrava aún más la crisis política e institucional que sacude a esa nación.

El Consejo Electoral Provisional no fijó nueva fecha para esos comicios y solo se limitó a informar que esperaría los resultados de una evaluación del proceso que realizaría una comisión designada por decreto por el presidente Michel Martelly.

Ese panel de evaluación que se integró la semana pasada aún no ha comenzado a laborar, pese a que se dijo que presentaría sus recomendaciones en un plazo de tres días a Martelly y al Consejo Electoral, ominosa señal que apunta a una ruptura del endeble proceso institucional haitiano.

La oposición haitiana, encabezada por el candidato presidencial, Jude Celestin, ha objetado la comisión creada por el presidente Martelly, porque no representa ningún consenso político, al tiempo que el gobierno incurrió en fraude durante la primera vuelta electoral.

El deterioro institucional que agobia a Haití debería ser motivo de gran preocupación para República Dominicana, por los niveles de afectación que supone ese escenario de incertidumbre social y en el incremento de la inmigración ilegal.

Llama la atención que la comunidad internacional no ha expresado ningún tipo de censura ante la decisión del gobierno haitiano de interrumpir el proceso eleccionario sin establecer fecha para nuevas votaciones, lo que conlleva a acentuar un tipo de régimen virtualmente sustentado en la ilegalidad o ilegitimidad.

Hay que suponer que la cancillería dominicana monitorea el discurrir de tan grave crisis política e institucional en Haití, y que las autoridades adoptan las previsiones de lugar en toda la franja fronteriza ante la posibilidad de que la abrupta suspensión de las elecciones desate caos o anarquía en el territorio vecino.

El influyente diario estadounidense The New York Times publicó el sábado un reportaje sobre un supuesto campo de concentración en la frontera, de haitianos y “apátridas” deportados o que huyen de la represión racial del lado dominicano. Infamia como esa obligan a monitorear todo lo que sucede en Haití.