Llueven las denuncias sobre dispendio de recursos, abandono en la prestación de servicios y otras irregularidades en muchos ayuntamientos, cuyas autoridades cesarán en funciones a partir del 16 de agosto.
Se les atribuye a no pocos gobiernos municipales protagonizar patéticos festivales de desenfreno en los que sus alcaldes parecen empeñados en tirar las puertas por las ventanas.
El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales ha declarado en estado de emergencia al menos tres grandes municipios por la intempestiva suspensión del servicio de recogida de desechos sólidos al concluir las elecciones del 15 de mayo, ominosa señal de que al finalizar el período de transición en algunos cabildos solo quedaría el cascarón.
En la prensa se publican fotos de vehículos oficiales desguazados en talleres de algún ayuntamiento y sus piezas extraviadas o robadas, por lo que se teme que otras propiedades edilicias también sean esquilmadas, sin que se sepa si la Liga Municipal Dominicana ha adoptado algún tipo de medida para evitar este latrocinio.
La Ley establece que las autoridades de todas las entidades edilicias están en obligación de integrar un equipo de transición para coordinar con otro que represente al alcalde entrante el traspaso de mando, que incluye un inventario de equipos y recursos, así como una relación de deudas e ingresos.
El presidente Danilo Medina dispuso la congelación de la nómina pública y la revisión de los contratos de servicios personales, como forma de evitar que algunos sabichosos funcionarios hagan de las suyas antes de ser relevados de sus cargos, medida cautelar que debería ser extendida a los ayuntamientos.
La verdad es que después de las elecciones pasadas los servicios que prestan los ayuntamientos han disminuido o degradado dramáticamente, como el de recogida de basura, expedición de documentos y permisos, pavimentación y señalización de calles y avenidas, así como mantenimiento de áreas verdes, parques y cementerios.
Organizaciones de la sociedad civil han advertido sobre la posibilidad de que autoridades edilicias salientes aprueben ventas irregulares de terrenos o concedan contratos o pagos a suplidores que comprometan seriamente las finanzas de los ayuntamientos, sin mencionar el riesgo de que se incurra en abierta y directa prevaricación.
Sin mencionar ni aludir a ningún cabildo como responsable de prácticas desleales o insanas durante el período de transición, se reclama a la Liga Municipal, la Cámara de Cuentas y el Ministerio Público, que adopten urgentes medidas previsoras para impedir que el patrimonio público resulte lacerado, y que sometan a los tribunales a los funcionarios municipales que incurran en inobservancia de la ley.
El Nacional
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