Erigido como ombligo del mundo, Estados Unidos vuelve a enjuiciar a otros países a los que endilga violaciones a derechos humanos, sin permitir nunca que su gobierno sea encarado por la misma causa, aunque el presidente Barack Obama ha denunciado formas de discriminación y ha admitido que todavía el racismo prevalece en esa nación.

El Departamento de Estado ha denunciado que en República Dominicana se incurre en discriminación contra inmigrantes haitianos y sus descendientes, en su informe anual sobre derechos humanos, con lo cual refrenda el coro de voces que a nivel internacional pretenden sojuzgar el derecho inalienable del Estado a instituir sobre la nacionalidad y control migratorio.

El informe de la Cancillería estadounidense arremete contra la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional que ordena la situación de inmigrantes indocumentados y que fija el alcance de la nacionalidad, decisión de un órgano jurisdiccional vinculante con la defensa de la soberanía.

Lo que ha establecido esa histórica sentencia es que conforme al constituyente, los hijos de extranjeros indocumentados deben validar la nacionalidad dominicana por vía de la naturalización, con excepción de aquellos que fueron inscritos de buena fe en el Registro Civil, cuya falta se imputa al oficial actuante.

En las constituciones dominicana y haitiana, el jus sanguinis (derecho de sangre) prevalece sobre el jus solis (derecho de tierra), por lo que el Tribunal Constitucional ha procurado solventar una situación jurídica irregular que prevalece desde 1929.

El Gobierno dominicano ha procurado cumplir con la referida sentencia, así como con la ley y el decreto que se deriva de su estatuto, de manera sana, con elevado sentido de humanismo y de respeto a los derechos de los inmigrantes, pero sin dobleces.

El Estado ni el Gobierno ejercen formas de discriminación contra inmigrantes extranjeros, aunque se admite que miles de ciudadanos haitianos que no lograron inscribirse en el Plan de Regulación Migratoria serán repatriados de conformidad con la ley, pero una cantidad significativamente mayor permanecerá en territorio dominicano de manera legal y como parte de una diáspora que participa decididamente en los afanes de progreso del conglomerado nacional.

Con la ejecución del programa de control migratorio, no se asiste a ninguna fiesta xenófoba, solo se cumple con una sentencia legal y legítima del Tribunal Constitucional, por lo que de nuevo se rechaza tajantemente la doble moral expuesta por el Departamento de Estado.