El despejado cielo que ha cobijado el ejercicio del periodismo, libertad de prensa y derecho a la información, se nubla hoy con una iniciativa de reforma constitucional y otras dos relacionadas con disposiciones adjetivas que procuran reeditar tiempos de censura previa o de ley mordaza.

La Comisión de Verificación de la Asamblea Nacional pretende trastocar el texto aprobado en primera lectura referido al artículo 21 sobre libertad de expresión para insertarle la supuesta obligatoriedad de medios y periodistas a suministrar información veraz, concepto que se presta a la manipulación y represión contra la prensa por parte de órganos oficiales de control.

Hay razones para temer que desde el Congreso Nacional se promueve una embestida contra los medios de comunicación con el propósito de anular sus prerrogativas y capacidades para fungir como vigilantes y garantes de la legalidad y transparencia de los actos emanados de los poderes públicos.

De otra manera no se entiende tan infausta iniciativa que se promueve ante la Asamblea Revisora, coincidente con otros dos proyectos de leyes que procuran agredir a la prensa y mutilar el conquistado derecho al acceso libre a las diversas fuentes oficiales de información.

En efecto, el diputado Alfonso Crisóstomo (PLD-Puerto Plata), objeto de críticas públicas por supuesto nepotismo, se destapa con un proyecto de ley para restringir sustancialmente la Ley de Libre Acceso a la Información.

La senadora Amarilis Santana (PLD-La Romana) presenta otra iniciativa legislativa que obligaría a los medios de comunicación a ceder espacios físicos o electrónicos para promover mensajes publicitarios preparados por entes oficiales.

La inserción en la Constitución del concepto información veraz, pondría a la prensa a expensa de la horca y el cuchillo del aparato del Estado, que determinaría, por vía quizás de un Ministerio de la Verdad, las noticias que resulten verdaderas o falsas.

Ante tan ominosos nubarrones, es menester que la prensa toda se declare en estado de alerta general.