MÉXICO, 30 Jul 2012 (AFP) – Varias decenas de ONG mexicanas rechazaron este domingo la intención de las autoridades de enterrar en una fosa común a las 49 víctimas sin identificar de una matanza que tuvo lugar en mayo en el estado de Nuevo León (norte) y que sospechan pueden ser inmigrantes indocumentados.

«Nos oponemos a que el gobierno del Estado de Nuevo León y el Gobierno Federal envíen a fosas comunes los 49 restos de Cadereyta (localidad en el que fueron hallados los cuerpos desmembrados) hasta que no se hayan realizado todas las acciones forenses tendientes a su identificación», dijeron los organismos en un comunicado.

Los 49 cuerpos, a los que habían decapitado y cortado las manos para dificultar su identificación, fueron abandonados la madrugada del 13 de mayo en bolsas de plástico en zona poco transitada de una carretera del municipio de Cadereyta, a 180 kilómetros de la frontera con Estados Unidos.

Pese a que las autoridades anunciaron seis días después la detención de varios miembros del cártel de Los Zetas y aseguraron que fueron los responsables de la masacre, no lograron determinar quiénes eran las víctimas.

Las ONG firmantes del comunicado indicaron que, «de acuerdo con la vocería de la policía de Nuevo León, desde la fecha de su hallazgo se han tomado las muestras de ADN de los cadáveres y se ha comprobado que no corresponden a personas mexicanas».

Por ello, afirmaron, «existe la posibilidad de que se traten de migrantes», tal como habían adelantado las autoridades mexicanas tras el hallazgo.

Las organizaciones no gubernamentales, muchas de las cuales se dedican a la defensa de los derechos de los inmigrantes, criticaron que el Estado mexicano haya rechazado sus propuestas para ayudar en la identificación de las víctimas aduciendo contar con la capacidad para resolver el problema de la identificación.

A este respecto, recordaron que en dos casos en que fueron encontrados 265 cuerpos de inmigrantes en fosas clandestinas en el estado de Tamaulipas (noreste), fronterizo con Estados Unidos, un total de 93 fue enterrado en fosas comunes sin haber sido identificados.

Por ello, exigieron a las autoridades que hagan públicos los resultados de las investigaciones realizadas hasta el momento, que éstas continúen y que se cotejen las muestras genéticas de las víctimas con las de personas tanto de México como de países de Centro y Sudamérica desaparecidas.

En marzo pasado, varias ONG denunciaron en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la existencia de 10.000 personas asesinadas en México sin identificar y la falta de esfuerzo de México por encontrar a inmigrantes desaparecidos.