Al final de su vida laboral, trabajadores y empleados de ingreso tardío al régimen de pensiones y jubilaciones les espera un retiro de incertidumbre, porque la mayoría no acumularía suficientes recursos para recibir una pensión mínima y el dinero que le retornarían no alcanzaría literalmente ni para caerse muerto.

Las personas que ingresaron al Fondo Universal de Pensiones con 45 años o más, cuando agoten su historial laboral apenas recibirían una asignación de seis mil 800 pesos mensuales, hasta que se agoten los fondos acumulados.

Resulta que como está diseñado ese acápite de la seguridad social, un amplio segmento de la población laboral carecería de garantía o seguridad de un digno retiro laboral, porque es imposible acumular la cantidad de dinero que se requiere.

Lo que la ley plantea es que cuando se agote esa irrisoria provisión, el afiliado tardío podría optar por una Pensión Solidaria del Estado que tampoco alcanzaría para suplir las necesidades mínimas de un jubilado, que después de laborar por décadas en los sectores públicos o privado pasaría el resto de sus días agobiado por la incertidumbre económica.

Ahora se discute si devolver al afiliado tardío los recursos que ha acumulado en las Administradoras de Fondos de Pensiones, o si se retienen esos dineros para entregarlos cuando ya al beneficiario no le queden fuerzas para seguir de pie, sin que se ofrezca ninguna garantía de que el Estado acudiría en su auxilio.

Es claro que una pensión de seis mil pesos no alcanza para nada, por lo que se requiere que intervinientes en el Sistema de Pensiones procuren mecanismos para que, en pleno disfrute de su fuerza de trabajo, el afiliado pueda disponer de sus ahorros en alguna iniciativa que le proporcione certidumbre después del retiro.

El Estado tiene deber y obligación de responder por los trabajadores o empleados de ingreso tardío al Régimen de Pensiones, porque lo que realmente ha resultado tardío ha sido la puesta en vigencia del Sistema Universal de Seguridad Social, por lo que la falta no es imputable a quienes tenían 45 años o más al momento de su entrada en operación.

No es justo que miles de trabajadores afiliados al sistema de pensiones tengan al final de sus días laborales la opción de una pensión de seis mil pesos o de recibir la devolución de dinero devaluado, que se convertirá en sal y agua. Eso no es seguridad social.