SANTO DOMINGO.– El Ministerio Público solicitará a los jueces de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de Barahona que ratifiquen la sentencia que condena a penas de 10 y 15 años de prisión a cuatro hombres vinculados a la red de tráfico ilícito de migrantes agravado desmantelada mediante la Operación Iguana.

El órgano acusador pedirá al tribunal de alzada rechazar los recursos de apelación interpuestos por las defensas y confirmar íntegramente la sentencia dictada el pasado año por el Tribunal Colegiado de Jimaní.

En esa decisión se condenó a 10 años de prisión a Roberto Méndez Pérez, coordinador de control en el puesto fronterizo de la Dirección General de Migración (DGM) en Jimaní, y al inspector Johan Rosario Castillo, así como a 15 años de prisión a Delson Manuel Medina Díaz, Juan Mateo Feliciano y Quelinton Eduardo Volquez Guzmán. La sentencia también impone a todos los condenados el pago de una multa equivalente a 150 salarios mínimos.

La representación del Ministerio Público está a cargo de las procuradoras de corte Yoanna Bejarán y Wendy González, titulares de la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT) y de la Procuraduría Regional de Barahona, respectivamente, quienes informaron que solicitarán la confirmación de la sentencia en todas sus partes.

Las magistradas reiteraron la importancia de sancionar delitos que afectan principalmente a personas en condición de vulnerabilidad, entre ellas mujeres, niños, niñas y adolescentes.

Los jueces de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de Barahona, Joselin Moreta, quien preside el tribunal, junto a Wanda Deñó y Santa Kenia Pérez Féliz, aplazaron ayer lunes el conocimiento del recurso para el próximo lunes 29 de diciembre, a las 9:00 de la mañana, debido a la ausencia de dos abogados de la defensa.

La Operación Iguana fue desarrollada por la PETT en el año 2022, mediante nueve allanamientos simultáneos realizados en municipios de las provincias Independencia, Bahoruco y Pedernales, con los cuales fue desarticulada la red que utilizaba la frontera domínico-haitiana como centro de operaciones.

Durante las intervenciones, el Ministerio Público arrestó a los imputados y ocupó como evidencias siete vehículos, 127 pasaportes de ciudadanos extranjeros, aproximadamente 116 mil pesos en efectivo, 383 dólares, cientos de documentos y un arma de fuego calibre 9 milímetros.

La investigación penal se inició en diciembre de 2021 por la PETT y la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), con el apoyo del Departamento de Investigación de la Dirección General de Migración, logrando recopilar pruebas que vinculan a los acusados con el tráfico ilícito agravado de migrantes y el secuestro de dos mujeres y dos niñas de nacionalidad cubana, así como con otros hechos similares.

De acuerdo con el expediente acusatorio, los procesados en la denominada Operación Iguana recurrían a amenazas y chantajes para obtener sobornos, además de privar de libertad a las personas retenidas o secuestradas, a quienes mantenían en cautiverio hasta recibir los pagos exigidos para su liberación.