La advertencia hecha ayer por el presidente Danilo Medina a productores de aguacate de Baní, de que el pueblo dominicano está pendiente de que el dinero que se paga en impuestos se invierta correctamente, debería llegar también a la conciencia de todos los funcionarios públicos, obligados a administrar con pulcritud y eficiencia los fondos puestos bajo su responsabilidad.

En cada una de las visitas o encuentros que realiza con asociaciones agropecuarias, el mandatario arenga sobre la necesidad de que sus miembros retornen el dinero que agencias oficiales les otorgan en calidad de préstamos, bajo el argumento de que sólo así serían beneficiados otros grupos organizados.

Se resalta como altamente saludable para las finanzas públicas que en todos los proyectos o impulso a la agropecuaria o a cualquier actividad productiva, que el Gobierno exija garantías de retorno a la totalidad de los créditos que otorga, para lo cual debe desalentar toda forma de paternalismo o clientelismo.

En su visita sorpresa a la Asociación de Productores Peravia-Valdesia, el presidente Medina no sólo repitió el pedido de que los créditos para promover la siembra de aguacate sean pagados de forma religiosa, sino que también recordó que los ciudadanos están pendientes del uso que el Gobierno les da a los impuestos que tributan.

Tal advertencia dirigida a pequeños y medianos productores agrícolas ha sido oportuna porque motiva a los beneficiarios con créditos de agencias estatales a cumplir cabalmente con su obligación de pagar, pero también lo dicho por el Presidente coincide con el planteamiento oficial de promover un pacto fiscal, que tendría por objetivo reducir la evasión tributaria.

Los productores, grandes o pequeños, no pueden caer en la irresponsabilidad de incumplir el compromiso de saldar las deudas contraídas con el Estado, como tampoco ninguna empresa o persona física puede incurrir en evasión o elusión de impuestos, porque en ambos casos se incurre en violación de la ley, con lógicas consecuencias para unos y otros.

El otro elemento no menos importante que se desprende de la advertencia presidencial sobre la vigilancia ciudadana en torno al dinero que tributan, corresponde a todos los funcionarios obligados a manejar con prudencia y eficiencia los fondos públicos, quienes también deberían saber que la prevaricación y negligencia constituyen graves infracciones penales.

Queda claro, pues, que la sociedad, como ha dicho el presidente Medina, está muy atenta a lo que se hace o se deja de hacer con los fondos provenientes de impuestos, pero también vigila a los evasores y, lógicamente, a los destinatarios de créditos públicos. Todo lo dicho se circunscribe a honradez, eficiencia, transparencia, responsabilidad social y aplicación estricta de la ley.