En República Dominicana, más de 27 mil personas privadas de libertad viven en condiciones de hacinamiento, maltrato y deshumanización. Ante esta realidad, los principales actores del sistema de justicia han convenido en buscar soluciones a través del Programa de Optimización del Proceso Penal, una iniciativa que promete cambiar el rostro de la justicia dominicana.
Durante décadas, el sistema penal ha arrastrado lentitud, falta de planificación y una cultura de judicialización excesiva que se ha convertido en una pesada carga para el Estado. Hoy, el 62% de los reclusos guarda prisión preventiva sin que se haya dictado una sentencia definitiva en su contra.
En al menos 19 cárceles, los internos duermen en el suelo. Algunos recintos presentan niveles de hacinamiento de hasta un 500%, debido a que la Ley 113-21, que fusionó el modelo penitenciario nuevo con el tradicional, terminó absorbiendo las malas prácticas del pasado, según explica Rodolfo Valentín, director de la Oficina Nacional de la Defensa Pública.
El programa, impulsado por el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, reúne a jueces, fiscales, defensores públicos y personal penitenciario en una mesa multisectorial. Su estrategia se centra en las personas, la tecnología y la articulación institucional.
Aunque los levantamientos del sistema iniciaron en 2022, fue a finales de 2023 cuando el programa entró en operación. Desde entonces, se han implementado herramientas como el Sistema de Gestión de Casos, el Portal de Acceso Digital y tableros de control compartidos. Además, se instaló un tribunal móvil en el penal de La Victoria para liberar a internos que ya habían cumplido condena sin saberlo, debido a la falta de registros y de información actualizada.
A pesar de los obstáculos, los resultados del programa hablan por sí solos:
una reducción del 7% en la población carcelaria total desde 2022, más de 813 personas con enfermedades graves atendidas, 3,734 reclusos beneficiados con operativos médicos y 2,346 acuerdos formalizados entre enero y septiembre de 2025, lo que representa un 32.7% de avance.
Mejoría visible
Al menos 10,436 casos han sido resueltos mediante salidas alternas —un 38.5% del total— y el 71% de las salas penales opera hoy sin mora. Las órdenes de libertad se emiten en siete días o menos en el 80% de los casos, cuando antes podían tardar meses debido a los escollos burocráticos.
El porcentaje de casos recurridos se redujo de 31% (2024) a 21% (2025), lo que representa un paso firme hacia procesos más ágiles y confiables.
Datos generales 2024
Hasta noviembre de 2024, los distintos órganos de la Suprema Corte de Justicia recibieron 9,292 expedientes, logrando un nivel de resolución del 96%, cifra que supera ampliamente el 78% registrado en el mismo periodo de 2023. En total, la alta corte resolvió 8,932 casos, un aumento del 15.77% frente a los 7,715 fallados el año anterior.
Voces del cambio
El juez Rafael Báez ha denunciado que las cárceles se han convertido en “una industria criminalizadora” y propone desvincular al Ministerio Público y a la Policía del sistema penitenciario. Aboga por que los privados de libertad estén bajo el cuidado de psiquiatras, psicólogos y terapeutas.
Por su parte, Rodolfo Valentín destaca que el programa ha reducido la carga de trabajo en un 30%, agilizando resoluciones que antes tardaban meses. “Una justicia retrasada es una justicia denegada”, afirma.
La jueza Yenni Cecilia Muñoz resalta que el programa ha acercado la justicia a la sociedad, estandarizado procesos y promovido medios alternativos como la conciliación y la mediación. “Es un paso gigantesco hacia la transparencia y la eficiencia”, asegura.
Mientras tanto, la coordinadora de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional, Kenya Romero, integrante de la mesa que agrupa al Poder Judicial, el Ministerio Público, la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales y la Defensa Pública, sostiene que el programa procura eficientizar los procesos judiciales garantizando los derechos de las personas.
También implica una transformación en la gestión interna del Poder Judicial, reduciendo tiempos de atención y asegurando el cumplimiento de los plazos establecidos por el Código Procesal Penal. “Esto marca un hito. En el Distrito Nacional estamos con cero mora, lo que refleja el impacto positivo de las medidas adoptadas y la respuesta oportuna a los usuarios del sistema de justicia”, enfatiza Romero.
Avances medibles
Los principales actores del sistema penal —Poder Judicial, Defensa Pública y Ministerio Público— gestionan de manera conjunta los procesos penales, a partir de indicadores verificables.
Una de las innovaciones ha sido la interoperabilidad tecnológica entre el Poder Judicial y el Ministerio Público en siete distritos judiciales (Espaillat, La Vega, Jarabacoa, Puerto Plata, San Cristóbal, Santiago y el Distrito Nacional), logrando una tasa de solución del 98% en las autorizaciones judiciales.
Más de 470 actores procesales —jueces, fiscales y defensores— han fortalecido la iniciativa mediante programas de capacitación en gestión efectiva, impartidos por la Escuela Nacional de la Judicatura con expertos internacionales. Esto ha impactado a los once departamentos judiciales y a los 36 distritos del país.
Entre 2024 y junio de 2025, los jueces de ejecución intervinieron en 250 trámites médicos, garantizando acceso a evaluaciones, permisos, cambios de modalidad de cumplimiento por salud y otras medidas humanitarias.
Retos persistentes
Pese a los avances, el sistema aún enfrenta desafíos: la alta proporción de prisión preventiva, la limitada interoperabilidad tecnológica y el déficit de 250 defensores públicos. A esto se suma la falta de una cultura de resolución de conflictos, que encarece el sistema penal y mantiene al 43% de los casos fuera de soluciones alternativas.
Una apuesta por la dignidad
La reforma del Reglamento del Juez de Ejecución de la Pena, aprobada en junio de 2025, incorporó buenas prácticas basadas en estándares internacionales, como las Reglas de Brasilia.
Se han habilitado áreas de atención a la salud mental, mejorando las condiciones de habitabilidad y ampliado los beneficios penitenciarios.
Reflexión final
El Programa de Optimización del Proceso Penal marca un antes y un después en la justicia dominicana. Es la evidencia de que, con voluntad institucional y enfoque humano, es posible transformar un sistema anacrónico en uno justo, eficiente y centrado en las personas.
Como bien dice la magistrada Muñoz: “Nada se parece tanto a la injusticia como la justicia tardía.”
¿Está emergiendo un nuevo rostro de justicia penal en el país?
La respuesta, en nuestra próxima entrega.
