El crecimiento y desarrollo de una nación es consustancial a la calidad del gasto público que ejecute su Gobierno. Partiendo de esa premisa, es lógico pensar que la asignación de recursos apropiados para satisfacer los requerimientos de la población cumpla con los requisitos ineludibles para tal fin: transparencia y rendición de cuentas.

Optimizar el gasto público, es orientar y distribuir las inversiones hacia sectores y lugares en los que su impacto positivo se maximiza. Además, sustentar los desembolsos de efectivo con pruebas y evidencias contundentes.

El seguimiento estricto de los requisitos arriba mencionados promueve la veeduría por parte de la población, lo cual aporta control al uso eficiente de los recursos públicos y a reducir las posibilidades de corrupción.

Es una fórmula eficaz para reducir la desigualdad económica y social que prevalece en nuestro país, dado que, permite invertir en proyectos tales como salud, educación, vivienda, infraestructura y otros.

Supervisar periódicamente la ejecución presupuestaria, ayuda a identificar y medir la razonabilidad del gasto público, a fin de evaluar la conveniencia de reducirlo o reasignarlo a sectores o lugares más urgidos.

Establecer alianzas público-privadas, ayudan en lo concerniente a cumplir el cronograma de trabajo para la ejecución del proyecto.

Sin embargo, el Gobierno tiene el deber de mantener los niveles de supervisión y control establecidos en la Constitución y las leyes.

Luego de todo lo arriba comentado, concluyo en que optimizar el gasto público contribuiría a: estrechar la brecha de desigualdad existente, fortalecer la lucha anticorrupción, e incrementar la credibilidad de la población en los órganos ejecutores del Gobierno y fiscalizadores del Estado.