Los dominicanos sabemos que cada vez que se aproxima un proceso electoral, en el caso que nos ocupa, congresuales y municipales, algunos miembros de los partidos políticos, con todo su derecho y en todo el territorio nacional, se adelantan y dan a conocer sus legítimas aspiraciones a los cargos de senadores, diputados, síndicos y regidores.

Ahora bien, con la expresa y sincera intención de ilustrar al gentil lector, se hace de obligatoriedad plantearnos la siguiente pregunta: ¿Qué es en realidad un síndico?

Bueno, un síndico es una persona elegida libremente mediante el voto popular por una comunidad determinada, cuyo objetivo fundamental es proteger y hacer crecer los intereses del municipio; intereses que, de acuerdo a lo establecido en la Constitución y en la Ley Municipal, le toca representar con honestidad, pulcritud y eficiencia gerencial. De manera que un síndico, en su condición de principal ejecutivo municipal (sin olvidarnos de que los regidores son responsable de la parte normativa o legislativa), no es más que el salvaguarda y administrador de los bienes del Estado. Una persona a quien por cuatro años se le ha hecho depositario de una autoridad para que vele por los intereses del municipio que representa.

Lo que significa que en su condición de servidor público, al final del cuatrienio y respondiendo de sus actos, dos cosas fundamentales podrían acontecer: ser objeto de reconocimiento público al momento de abandonar la institución municipal, o recibir merecidamente la repulsa y la condena ante la prueba irrefutable de haber cometido actos inapropiados en el manejo de los fondos públicos.

Por consiguiente, no brindarle respeto y cumplimiento fieles a las normas jurídicas y morales del municipio que le ha tocado administrar, conlleva una falta grave de irresponsabilidad y de desconocimiento a tan reprochable comportamiento que bien podría ser penalizado por los tribunales de la república. En otras palabras, es un hombre o una mujer que, por encima de todas las cosas, en sus actuaciones en el diario vivir, ha de gozar de credibilidad administrativa y de transparencia moral.