Managua (EFE).- El Gobierno de Nicaragua del presidente Daniel Ortega ha guardado silencio sobre la resolución del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), que le exigió este viernes devolver las oficinas confiscadas a ese organismo en Managua a finales de abril.

Ni el presidente Ortega ni su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, se han referido a esa resolución, que fue aprobada con 29 votos a favor, 3 abstenciones y dos ausencias, en la que se le exige a Nicaragua asumir la responsabilidad de “todos los incumplimientos de sus obligaciones legales internacionales”.

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El pasado 30 de abril, el presidente Ortega dio por retirada a Nicaragua de la OEA, organismo al que renunció el 19 de noviembre de 2021, una medida que tardará dos años en ser efectiva, es decir hasta noviembre de 2023.

Nicaragua formalizó a finales de abril la expropiación del edificio que la OEA ocupaba en Managua, un día después de que declarara de utilidad pública esa propiedad, tras anunciar la expulsión del organismo de esa país.

Nicaragua había informado días antes de su decisión de retirar las credenciales de sus representantes ante la OEA, así como el cierre de las oficinas de ese organismo en la capital, que destinará para albergar un “museo de la infamia”, según el Gobierno.

OPOSICIÓN PIDE “MEDIDAS MÁS FUERTES”

Por su lado, la opositora Unidad Nacional Azul y Blanco aplaudió la resolución del Consejo Permanente de la OEA, aunque, consideró, es “insuficiente” para incidir en Ortega.

“Es un nuevo recordatorio al régimen ilegítimo que gobierna Nicaragua de que más de dos terceras partes de países del hemisferio condenan el rumbo autoritario y forajido por el que nos lleva la dictadura”, señaló ese grupo opositor.

“No obstante, consideramos que esta resolución es insuficiente (…). Eso (ocupación de oficina de la OEA en Managua) exige medidas más fuertes y ejemplarizantes”, agregó.

La organización opositora demandó al organismo regional “convocar una reunión de consultas de ministros de Relaciones Exteriores conforme el artículo 61 de la Carta de la OEA”. “La situación en Nicaragua ha rebasado todo límite de tolerancia, gravedad, y urgencia”, argumentó esa unidad opositora.

Por su lado, el exembajador nicaragüense ante la OEA Arturo McFields calificó de “dramática” la posición de los dos países vecinos de Nicaragua que se abstuvieron en la votación, El Salvador y Honduras.

“Dramático cambio de El Salvador que se abstuvo de condenar asalto a la sede de la OEA por parte de Ortega Murillo. Honduras también lo hizo, aunque no sorprende. Existe un oscuro y peligroso giro dictatorial en Centroamérica”, señaló McFields, en su cuenta en Twitter.