La Comunidad del Caribe (Caricom) y Amnistía Internacional (AI) intentan consolidar sus groseros afanes intervencionistas en República Dominicana, con el reclamo al Gobierno de que acelere el envío al Congreso de un proyecto de ley cuyo contenido aspira a que se violente letra y espíritu de la sentencia del Tribunal Constitucional que fija el alcance de la nacionalidad.

Una misión de AI ha instalado cabeza de playa en Santo Domingo desde donde ejerce presión sobre poderes del Estado y alienta discurso y praxis de mentadas Organizaciones No Gubernamentales en un inaceptable esfuerzo por cerrar el círculo de hostigamiento internacional hacia el gentilicio dominicano.
El presidente del Caricom y primer ministro de San Vicente y las Granadinas, Ralph Gonsalves, ha advertido que ese organismo caribeño no participara como mediador en la sesión de diálogo entre República Dominicana y Haití, a menos que el presidente Danilo Medida muestre el proyecto de ley sobre naturalización de hijos de indocumentados.

Ese señor, que se ha erigido como verdugo y perseguidor del Gobierno y Estado, pretende ahora, con ínfula imperial, boicotear los esfuerzos dialogantes que encaminan Santo Domingo y Puerto Príncipe, por lo que es menester que el Gobierno reitere su profundo rechazo a tales pretensiones.

El presidente Medina ha dicho que su gobierno ausculta formas o vías para afrontar y resolver mediante una ley situaciones de afectación por la sentencia 168-13, pero sin vulnerar esa decisión del juez de control constitucional, por lo que resultan inaceptables las injerencias de Amnistía Internacional y del Caricom.

Esa sentencia dispone forma y manera de cómo afrontar la situación de irregularidad migratoria en la que se encuentran extranjeros indocumentados y descendientes, que deben ser aplicadas sin violentar derechos humanos, pero sin aceptar ningún tipo de intervención foránea.

Hace tiempo que el Gobierno dominicano ha debido comunicar a la Comunidad del Caribe que desiste de ingresar al país en ese mecanismo de integración, cuyos líderes principales pregonan en calzoncillos una defensa a la migración haitiana, porque no aceptan en sus respectivos territorios a un solo indocumentado.

Intempestivamente se reactiva la campaña internacional de descrédito y presión contra República Dominicana, por lo que es menester que Gobierno y Estado afronten a títeres y titiriteros con la Constitución, la Ley de Migración y la sentencia del TC como legítimas armas de defensa de la nacionalidad y la soberanía.