Hemos escrito varios artículos planteando la necesidad de tener un marco legal que proteja nuestras cuencas hídricas, los ríos, manantiales, presas y canales, etc., y aún no ha podido concretizarse una ley reguladora sobre el preciado líquido, pues los proyectos perimen en el Congreso por la falta de voluntad de los legisladores.

Actualmente, se debate un proyecto de ley que contiene disposiciones que podrían interpretarse como vías tendentes a privatizar el agua que, conforme a todas reglas, es de dominio público, por lo que resulta peligroso que se abran las puertas para comercializar ese recurso garantizado por la Constitución de la República, lo que sería nulo de pleno de derecho cualquier decreto, resolución o ley que no esté conforme con nuestra Carta Magna.

Y en efecto, la Ley Sustantiva expresa en su artículo 15 que el agua constituye un patrimonio nacional estratégico de uso público, inalienable, imprescriptible, inembargable y esencial para la vida y establece que el Estado promoverá la elaboración e implementación de políticas efectivas para la protección de los recursos hídricos de la nación.

Como se aprecia en el texto constitucional precedentemente citado, no deja ningún intersticio para privatizar el agua. Sin embargo, el proyecto de ley trae confusiones sobre el tema y un desconocimiento sobre la realidad de los recursos hídricos del país, cuyas debilidades deben ser enmendadas antes de ser aprobado con premuras sin consultar técnicos y profesionales del área.

En una versión de un anterior proyecto del año pasado, figuraba la palabra “concesión” para el otorgamiento del derecho al uso de agua, mientras en la pieza elaborada por el ministerio de Medio Ambiente ya no aparece ese término.

Aunque persisten algunos atisbos de privatización, como resultado de no incluir los manantiales como parte del dominio público hídrico en el capítulo dedicado a las transferencias del derecho de agua que tiende a convertirlo en una mercancía comercializable, lo cual no debe admitirse ni aceptarse bajo ningún concepto porque, además de su ilegalidad, sería una barbaridad poner en manos privadas el uso del agua.