La clase política, que tanta presteza ha demostrado cuando se trata de pactos para reformas que tienen que ver con repartos o ambiciones de poder, como ha ocurrido con la constitucional para permitir la reelección presidencial, debe observar la misma capacidad cuando lo que estén en juego sean intereses nacionales. Limitar los pactos entre los partidos solo a cuestiones partidarias representa un mal ejemplo si se desdeñan asuntos que competen a todos y cada uno de los ciudadanos.

Después de lo ocurrido con la aprobación de la modificación de la Carta Magna, en que el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) se alió al Gobierno y al Partido de la Liberación Dominicana (PLD), no hay excusas para que las dos formaciones, con el control legislativo que ostentan, no se aboquen a acuerdos para impulsar reformas estructurales, algunas consignadas en la propia Constitución, como las planteadas por la Federación Dominicana de Cámara de Comercios (Fedocámaras).

El momento es más que propicio para abordar de manera simultánea y conjunta la adecuación del Código de Trabajo, una política salarial, un pacto fiscal, la inversión en infraestructura y la ampliación, entre otras reformas, del sistema de libertades. Si dos partidos antagónicos pudieron deponer sus diferencias para facilitar la reelección presidencial a través de una revisión de la Constitución, pues con mucho más razones pueden ponerse de acuerdo en sentar las bases para un real y sostenido desarrollo del país a mediano y largo plazo.

Fedocámaras considera que es impostergable abocarse a una reforma fiscal integral, que desde su punto de vista debe estar centrada en una simplificación de los procedimientos de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y que facilite el cumplimiento de las obligaciones tributarias de los contribuyentes, así como en un régimen de sanciones justas que desincentive las evasiones. Resulta y viene a ser que el pacto que plantea la entidad está contemplado en la Estrategia Nacional de Desarrollo y que por tanto es constitucional.

Ha quedado demostrado que se puede, además de la reforma fiscal, adecuar el Código de Trabajo, como planteó la entidad empresarial, a las mejores prácticas internacionales en favor de la generación de empleos de calidad y salarios competitivos, así como aumentar la productividad, el libre ejercicio de los derechos y mejorar el sistema de seguridad social. Sin riesgos para la desestabilización política, social y económica, el Gobierno solo tendría que hacer la convocatoria para discutir un pacto de desarrollo de largo alcance.

Las condiciones, pues, están dadas para lo que sería un gran acuerdo nacional. Es obvio que no es el más alentador de los mensajes que la Constitución sea más fácil modificarla en función de intereses políticos que respetarla.