El acuerdo del Ministro Público con el contratista Maxi Montilla, a través del cual este devuelve al Estado tres mil millones de pesos de la suma, cuyo monto se ignora, sustraída por medios ilícitos como suplidor de las empresas distribuidoras de electricidad, es una vergüenza que alimenta la desconfianza en la actual estructura judicial en la batalla contra la corrupción y la impunidad. Además de la devolución Montilla se ha comprometido, para evitar ser enjuiciado, colaborar sobre el entramado de que formó parte para defraudar a las Ede.

Son muchos los cabos sueltos de un convenio que vuelve a cuestionar la capacidad de investigación, en el mejor de los casos, de la Pepca. Es obvio que si había pruebas contra Montilla, cuñado del expresidente Danilo Medina, no había necesidad de un acuerdo para excluirlo del expediente contra los imputados en el alegado desfalco a las Ede.

No basta, por demás, que el contratista, que también se compromete a pagar más de 435 millones de pesos a la DGII, cante sobre el modus operandi para desfalcar a las distribuidoras si no aporta pruebas concretas.

Ya se sabe lo ocurrido con el acuerdo de delación premiada a través del cual el consorcio Odebrecht se comprometió a identificar y aportar pruebas, que nunca cumplió, sobre los sobornados con los 92 millones de dólares que admitió para la adjudicación y sobrevaluación de obras. Para colmo de males el Ministerio Público tampoco hizo la menor diligencia para establecer responsabilidades sobre unos pagos ilícitos que hoy pesan sobre la deuda pública. Así de simple.

El manto con que la Pepca cubre a Maxi Montilla por medio del sonoro criterio de oportunidad o delación premiada se traduce en otra estocada a la población que incrementa la decepción en la lucha contra la corrupción y la impunidad. Nadie se sorprendería, por el camino que se transita, si los procesos contra el exprocurador Jean Alain Rodríguez y otros exfuncionarios por supuestos escándalos de corrupción colapsan en los tribunales por la falta de pruebas.

El acuerdo con Montilla replantea la necesidad de suscribir un acuerdo con la ONU para contratar a la agencia que investigó los escándalos de corrupción que en Guatemala determinaron la renuncia, enjuiciamiento y condena del presidente Otto Pérez Molina y la vicepresidenta Roxana Baldetti.

Ese acuerdo es de las pocas opciones que tienen las autoridades para ganar la batalla al flagelo que figura entre los principales causantes de la desgracia de este país. Está más que demostrado que con la actual estructura judicial solo se podrá llegar a acuerdos tan hirientes como el pactado con Montilla, pero jamás se establecerán responsabilidades sobre escándalos todavía impunes.