LA HAYA, 29 Nov 2012 (AFP) – Si los palestinos obtienen el jueves en la ONU el estatuo de «Estado observador no miembro», la Corte Penal Internacional (CPI) podría recibir demandas relativas al conflicto entre Israel y los palestinos.
Sin embargo, la posibilidad de que la CPI intervenga es legalmente posible pero en el estado actual de las cosas parece poco probable.
La CPI, con sede en La Haya, es competente para investigar y, eventualmente juzgar, a los sospechosos de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra cometidos desde el 1º de julio de 2002, fecha en que entró en vigencia el Tratado de Roma, su documento fundador.
El Tratado de Roma ya fue ratificado por 121 Estados, pero Israel, Estados Unidos, China y Rusia no forman parte de la lista.
La CPI puede perseguir sólo a individuos y no a estados y solamente si los crímenes fueron cometidos por un ciudadano de un país o en el territorio de un país que haya reconocido a la Corte.
Ese criterio lleva a pensar que es muy difícil que la CPI pueda llegar a tratar un caso palestino.
FORMAS DE RECURRIR A LA CORTE
Existen tres maneras para recurrir ante la Corte Penal Internacional: – el fiscal de la CPI puede iniciar una investigación a pedido de un Estado – el fiscal puede iniciar una investigación por su propia iniciativa, con autorización de los jueces – el fiscal puede abrir un expediente a pedido del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas
Esta última posibilidad -la única que permite que la competencia de la CPI se extienda a un Estado que no haya ratificado el Tratado de Roma- se utilizó en el caso de Libia.
Sin embargo parece poco probable que se recurra a ella en el caso palestino debido al derecho de veto que Estados Unidos, fiel aliado de Israel, tiene en el Consejo de Seguridad de la ONU.
EL CASO PALESTINO
La Autoridad Palestina anunció que presentará una demanda contra Israel ante la CPI si se comprueba que Yasser Arafat murió envenenado.
En 2009, la Autoridad Palestina presentó un primer recurso ante el fiscal de la CPI pidiendo que investigara presuntos crímenes de guerra cometidos por el ejército israelí durante la ofensiva militar contra la Franja de Gaza en diciembre 2008-enero 2009.
Debido a que sólo un Estado puede presentar una demanda, la CPI decidió en 2011 dejar que los «organismos competentes de la ONU» determinaran si Palestina era un Estado antes de decidir la apertura de una eventual investigación.
El reconocimiento de Palestina en la ONU como «Estado observador no miembro» podría allanar el camino al fiscal en su reflexión tendiente a determinar si es competente para investigar por su propia iniciativa o a pedido de Palestina.
