El superintendente de Salud y Riesgos Laborales, Miguel Ceara Hatton, ha dicho que el Seguro Nacional de Salud (Senasa) “nunca va a poder quebrar” porque está respaldado “cien por ciento” por el Estado y porque es la espina dorsal de todo el sistema de la seguridad social.

No resulta fácil sustentar el criterio de que el Senasa no tiene posibilidad de declararse en quiebra por ser propiedad del Estado, porque si así fuera ingenios del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), empresas generadoras de electricidad, Compañía Dominicana de Aviación, entre otras unidades productivas públicas, aun se mantendrían operando al amparo de la sombrilla estatal.

Es verdad que el Estado puede mantener por tiempo indefinido un ente público comercial que opere con déficit, pero lo deseable sería que en caso de crasa descapitalización se procure intentar una reestructuración financiera a los fines de liquidar o disminuir pasivos.

La declaración de quiebra es una figura jurídica a la que se acude en interés de reorganizar con los deudores fardos crediticios imposibles de cubrir en los plazos establecidos, pero aunque el Estado no requiere acogerse a ese refugio legal, procura otras alternativas a veces radicales, como la privatización.

En ningún modo se puede afirmar que la institución nodriza del sistema de Administración de Riesgos de Salud (ARS) confronte problemas financieros, pero ante la denuncia sobre riesgo de quiebra, lo que procede es que las autoridades desmientan o refuten esa afirmación con la exposición de sus estados financieros.

El Estado posee la totalidad de las acciones del Banco de Reservas, institución que se consolida como referencia del sistema financiero nacional, cuyas operaciones con el sector privado representan el 87 % y solo un 13% con el Estado. Ese sería el mejor ejemplo en el que deben reflejarse las autoridades del Senasa.

La afirmación del superintendente de Sisalril, de que el Seguro Nacional de Salud nunca podrá quebrar por pertenecer al Estado dominicano, se erige como una verdad del tamaño de una montaña que, sin embargo no alcanza para desmentir o refutar la denuncia de que sus operaciones financieras son deficitarias.

Lo mejor sería que el Gobierno impulse en el Congreso una urgente modificación a la ley de seguridad social que garantice justicia, eficiencia y equidad en el sistema pensional y de prestación de servicios de salud, porque la noticia de que un ente público no quiebra por ser propiedad estatal, no sirve como paño de lágrimas.