En ocasión de la audiencia sobre la acción de amparo contra Punta Catalina, afectados por la construcción y la contaminación de esta central termoeléctrica, autoridades municipales y legisladores de la provincia Peravia, así como representantes de organizaciones climáticas y ambientales del país, reclamaron con banderolas y pancartas que el Tribunal Superior Administrativo ordene la inmediata suspensión de las operaciones de estas plantas de carbón.

En el plantón en la plazoleta del Palacio de Justicia del Centro de los Héroes, situado detrás del Congreso Nacional, sede del Tribunal Superior Administrativo, se calificó a las plantas de peligro público que atenta contra los derechos a la salud y a un medio ambiente sano de más de cien mil personas que viven entre esta central y la ciudad de Baní.

Toda la provincia Peravia está unificada en el reclamo de que la letal contaminación de Punta Catalina sea detenida con carácter de urgencia para evitar que continúe la catástrofe ambiental y sanitaria que está causando la termoeléctrica y cobre vidas humanas.

Los ayuntamientos de Baní y de Nizao emitieron resoluciones solicitándole al presidente Luis Abinader la conversión a gas natural de Punta Catalina, el traslado de las cenizas tóxicas de carbón fuera de la provincia Peravia y la indemnización de todos los afectados por la construcción y la contaminación de estas plantas de carbón.

Todos los diputados de la provincia Peravia suscribieron una propuesta de resolución de la Cámara de Diputados con la misma solicitud que los ayuntamientos de la provincia.

La acción de amparo suministra numerosas pruebas documentales, fotografías y videos de la existencia de las montañas de cenizas tóxicas expuestas a la intemperie, del humo de la chimenea que muestra que se están arrojando al aire que respira la población gases ácidos y micropartículas sin ninguna filtración, del vertido de agua hirviente al mar, la destrucción de los arrecifes de corales, la erosión y desaparición de las playas de Nizao y de Paya, y el testimonio de los agricultores del retraso de la floración y la reducción del tamaño de los frutos por efecto de la contaminación.

La acción de amparo aporta las declaraciones públicas del administrador de Punta Catalina, Serafín Canario de la Rosa, del ministro de Energía y Minas, Antonio Almonte, y del ministro de la Presidencia, Lisandro Macarrulla confirmando estos daños provocados por la construcción y la contaminación de esta termoeléctrica.

Por: Enrique de León