Desde hace décadas, la República Dominicana, se ha convertido en el paritorio de Haití, un lastre que arroja múltiples perjuicios, no solo en desmedro del presupuesto de Salud Pública, sino también constituye un peligro para la seguridad nacional, toda vez que la población haitiana aumenta desmesuradamente por los límites fronterizos y por las parturientas que no tienen ningún control de natalidad.

Cada haitiana alumbra, por lo menos seis hijos en nuestro territorio, lo que incrementa el número de ilegales asentados en favelas en todas las provincias y sus vecindades, ocasionando un serio problema migratorio y de incubación de un proyecto que amenaza furtivamente la soberanía nacional.

Haití nos invade por la frontera y por los vientres de las haitianas, quienes tienen las estadísticas más altas en dar a luz que las dominicanas, ocupando la mayoría de las camas de los hospitales del Estado. privando de servicios médicos a miles de criollos que tienen derecho a la salud, prerrogativa establecida en la Constitución.

Solo en dos meses, nacieron aquí 7, 677 niños ilegales de madres haitianas, sin ninguna documentación que las acredite para estar en suelo dominicano, lo que abre el camino para deportar a esas mujeres y sus criaturas, sin importar las protestas de organismos internacionales y un reducido grupo de prohaitianos, muchos de ellos cobijados en las llamadas ONGs, cuya personería jurídica debería ser cancelada porque conspiran contra la esencia misma de nuestra nación.

En el mes de noviembre recién pasado, las indocumentadas haitianas parieron 3,777 niños que llevan la nacionalidad de sus orígenes, pues el hecho de nacer en nuestro terruño no le concede el derecho de ser dominicano, en virtud de que nos rige el jus sanguis y no el jus solis, como ocurre en Estados Unidos y otros países.

¿Al parecer, el muro fronterizo en una ilusión óptica y el blindaje de la frontera pertenece a la mitología, dado que diariamente se detienen decenas de ilegales, conjuntamente con malos dominicanos que se dedican a este tráfico de personas, una acción punible con penas de reclusión de diez y 15 años, y frente a esta situación muchos se preguntan quién le pondrá el cascabel al gato?