Los precios del petróleo se situaron cercanos a los 45 dólares el barril, un desplome causado por el incremento de inventarios del crudo y una baja proyección del sector manufacturero de Estados Unidos, lo que obliga al Gobierno a ejecutar algún plan o estrategia para sacar mayor provecho a esa situación.

La oposición política afirma que esos niveles de reducción en los precios no se reflejan positivamente en el mercado interno, en tanto que la Asociación de Detallistas de Gasolina denuncia que empresas distribuidoras obtienen beneficios anuales por unos siete mil millones de pesos en la comercialización de derivados subsidiados.

Las autoridades juran que cumplen con la Ley 112-00 sobre Hidrocarburos y afirman que las reducciones en los precios de los tipos de gasolinas, gasoil y gas propano se corresponde con los costos de importación y refinación de derivados del petróleo.
Aun cuando se aboga por el cumplimiento de la ley respecto a las fórmulas de fijación de precios de los combustibles, debe advertirse que el escenario planteado es mucho más complejo que reducirlo a la discusión de si los niveles de reducción se corresponden o no con la baja en los costos de importación.

El desplome en los precios del petróleo debería reflejarse en una baja en la tarifa eléctrica o en sustancial disminución de los recursos que debe aportar el Gobierno para conjurar déficit del sector eléctrico, de unos dos mil 500 millones de dólares al año.

Se debería establecer en qué proporción se reducen los ingresos del Gobierno por aplicación de impuestos y tasas sobre los precios internos de los combustibles que disminuyen por la baja internacional en el precio del barril de petróleo, como también debería medirse el impacto que tendría un aumento en el consumo de combustibles por efecto de esa reducción de precios.
Conviene también que Gobierno y autoridades monetarias midan el impacto que tendría el nuevo escenario de baja sostenida en el precio del petróleo sobre el índice general de precios, reducción de costo empresarial e incremento de la competitividad empresarial.

Todo lo relacionado con la importación, comercialización y consumo de petróleo y sus derivados debería ser manejado por autoridades y sector empresarial con la mayor transparencia, en el propósito único de que la economía global y las cuentas nacionales salgan fortalecidas por ese escenario favorable, lo que en última instancia debe reflejarse en bienestar de los ciudadanos.