Santo Domingo.– La Procuraduría General de la República (PGR) fue apoderada de un expediente que involucra a una presunta estructura organizada de proveedores del Estado que, mediante prácticas fraudulentas, habrían manipulado procesos de contrataciones públicas.
Según los querellantes, la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), en coordinación con la Unidad Antifraude de la Contraloría General de la República (CGR), los implicados también habrían incurrido en actos de intimidación, extorsión y posibles vínculos con funcionarios públicos, afectando directamente la libre competencia y la igualdad de participación entre oferentes.
El informe, elaborado conjuntamente por la DGCP y la Unidad Antifraude de la CGR a partir del análisis exhaustivo de los registros del Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas (SECP) y otras fuentes, revela la actuación coordinada de varias empresas vinculadas que habrían utilizado distintas razones sociales para simular competencia, repartirse adjudicaciones y excluir a oferentes legítimos.
Entre las empresas identificadas figuran Empresas Integradas SAS, Inversiones Qtek SRL, Tingley Business SRL, entre otras asociadas, las cuales presentan patrones coincidentes de participación conjunta, rotación de adjudicatarios y concentración de contratos en sectores específicos del mercado público.
El documento también recoge testimonios de proveedores afectados, quienes denunciaron amenazas, chantajes y presiones para desistir de adjudicaciones legítimas, evidenciando la existencia de mecanismos de intimidación y manipulación que distorsionan la transparencia y la equidad de los procesos.
El análisis concluye que las conductas observadas vulneran los principios de igualdad, participación y libre competencia establecidos en la Ley núm. 340-06 sobre Compras y Contrataciones Públicas, y podrían constituir indicios de prácticas fraudulentas, actos colusorios y otras infracciones penales tipificadas en la legislación dominicana.
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Mediante una nota de prensa, la DGCP informó que remitirá el informe a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (ProCompetencia) para que, conforme a sus atribuciones legales, profundice en la investigación sobre posibles acuerdos colusorios y manipulación del mercado en las contrataciones públicas.
Pimentel reafirma compromiso con la transparencia
El director general de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, valoró el trabajo conjunto con la Unidad Antifraude y reafirmó el compromiso institucional de proteger los recursos del Estado y garantizar la transparencia del sistema.
De su lado, Leónidas Peña, coordinador de la Unidad Antifraude de la CGR, explicó que el trabajo técnico permitió detectar patrones de colusión, intercambio de roles entre oferentes y uso de información privilegiada.
“El uso avanzado de herramientas analíticas, la trazabilidad de los datos y la coordinación interinstitucional fueron claves para identificar este entramado. Este informe demuestra el impacto positivo del trabajo conjunto entre las instituciones de control para fortalecer la integridad de las contrataciones públicas”, señaló Peña.
Entre las medidas adoptadas por la DGCP para identificar el entramado destacan el monitoreo constante de los procesos de contratación y la designación de un oficial de cumplimiento, lo que condujo a la emisión de la circular DGCP44-PNP-2025-0008, que aclara el uso de la Carta de Autorización del Fabricante, eliminando su exigencia como mecanismo restrictivo de la participación de oferentes.
