La Fiscalía de Sánchez Ramírez retiró la acusación, tres años después, contra un grupo acusado de violar la Ley de Propiedad Industrial en el trasiego de combustibles, cuando el proceso se encontraba en la fase de juicio y un fiscal denunció un intento de soborno de 50 mil pesos.
El retiro fue presentado por instrucciones de la Procuraduría General de la República (PGR) ante el Tribunal Colegiado de esa jurisdicción el martes primero de diciembre, por la fiscal Juana María Hernández a favor de Estenilao Ramos Mejía, Juan Ignacio Espaillat, Abel Antonio Medina Medina y las compañías Petróleo Nacionales y Norteña de Combustibles.
Durante las investigaciones el entonces procurador adjunto, doctor Pedro Feliz Montes de Oca, dispuso la devolución del camión que fue incautado cuando se disponía a descargar combustible en una estación que era la que no estaba asignada y remitió el expediente a la Fiscalía de Sánchez Ramírez, para que continuara y culminara la investigación designando originalmente al fiscal Héctor Bienvenido Martínez.
El fiscal hizo las investigaciones y ya en la fase de juicio deciden retirar la acusación. “Después de un estudio pormenorizado y de realizada una profunda reflexión hemos decidido presentar formal y definitivo retiro de la acusación”.
El fiscal investigador Martínez optó por dejar la investigación y fue acreditado como testigo a descargo por los abogados de la defensa y quedó acreditado en el Juzgado de la Instrucción. Ese fiscal reveló que el entonces procurador adjunto Feliz Montes de Oca, le entregó un libro que contenía leyes para que estudiara para el caso y en su interior habían 25 papeletas de $2,000.00 que totalizaban $50,000.00.
La Procuraduría de la Corte de Apelación de La Vega fue informada de la situación, así como la Procuraduría General de la República donde fueron remitidos las 25 papeletas de $2,000.00, de las cuales figuran fotocopias en el expediente.
En ese proceso la compañía Isla Dominicana de Petróleo se constituyó en querellante y actor civil a través de los abogados licenciados Julio César Camejo Castillo, Rafael Antonio Santana Goico, Juan José Espaillat Álvarez y Gianna Marie Cisnek Brache, de la oficina de abogados Headrick Rizik Alvarez & Fernández, en el que también forma parte Francisco Alvarez Castellanos, miembro de Participación Ciudadana, dijeron los doctores Carlos Balcácer y Tomás Castro.
Los inculpados fueron acusados de violar el artículo 166 de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial. La Fiscalía para el retiro de la acusación alega que durante la etapa inicial se incurrieron en errores, que no resulta claro el fardo de las pruebas y que son inconsistentes.
