El doctor Víctor Manuel Peña, economista y ex intendente de Valores, declaró que hay que evitar que la vida pública del país sea polucionada y contaminada por las actuaciones gangsteriles de parte de algunos sujetos, que son, indudablemente, la parte podrida de la manzana.

El doctor Peña subrayó que hay que profundizar el proceso de moralización de la vida pública del país con tal de evitar que lo incorrecto, lo injusto y lo arbitrario sean convertidos en reglamentos o en normas. Toda normativa que se construya así cae en el campo de la ilegalidad, aunque tenga la apariencia de legalidad.

Las pensiones de lujo que se han autoasignado algunos funcionarios, impropias incluso de países desarrollados, y después, además, de haber recibido sus prestaciones, son legales entre comillas, lo que quiere decir que por el fondo y hasta por la forma son ilegales, ilegítimas e inmorales, argumentó Peña.

Dijo que no pueden ser legales, además, las pretensiones de individuos que se cobijan bajo el manto de una aparente legalidad, expresada en un reglamento o en un plan de jubilaciones y pensiones, con el deliberado propósito de producir una especie de asalto vulgar y descarado a las finanzas del Estado dominicano. Es decir ellos han legislado, en violación de la Constitución de la República, en función de sus intereses personales y particulares, en otras palabras, se han hecho un traje a la medida.

Asimismo planteó el ex intendente de Valores que las pensiones que han sido otorgadas alegremente en una institución del Estado, en el marco de un reglamento ilegal, deben ser retiradas todas y someter el mismo a una cirugía profunda y minuciosa que dé paso a un nuevo reglamento que sea realmente legal, vale decir, que no niegue ni las leyes ni la Constitución de la República, pero que también sea sensato, prudente, comedido y ajustado a la realidad económica y social del país. Esto significa que aparte de legal, el reglamento debe ser legítimo y moral.

Aclaró que para asignarle o concederle una pensión a cualquier servidor público debe haber trabajado durante 25 años ininterrumpidos en el sector público y haber cumplido 60 años de edad. La mayoría de los que están en ese festival de pensiones no cumple con esas dos condiciones.

Finalmente, el doctor Víctor Manuel Peña concluyó que al país y al gobierno se les hace un gran daño cuando hay personeros de esa calaña actuando en contra de los intereses del pueblo y de la nación dominicana.