El Congreso debe consensuar entre los distintos sectores del país la modificación a la Ley General de la Seguridad Social en lo que respecta a reducir el beneficio que perciben las Administradoras de los Fondos de Pensiones (AFP). La consideración es de los presidentes de la Asociación Dominicana de Industrias Lácteas, Julio Virgilio Brache y de la Junta Agro empresarial Dominicana (JAD), Omar Benítez, quienes advirtieron sobre lo perjudicial que podría resultar una decisión de esa magnitud sin escuchar a las partes como son, patronos, trabajadores y las Administradoras de los Fondos de Pensiones.

¨Yo creo que debe haber un diálogo y no tomarse medidas extremas que pudieran afectar el flujo de negocios en República Dominicana¨, dijo Virgilio Brache, ex presidente de la Cámara Americana de Comercio. Observó que muchas veces se habla de márgenes neto o bruto de ganancias como en el caso de las Administradoras de Fondos de Pensiones, sin tomar en cuenta niveles de costos operacionales.

El dirigente empresarial pidió al Senado propiciar un diálogo que permita que las partes puedan expresar sus puntos de vistas en torno al proyecto aprobado en dos lecturas consecutivas por la Cámara de Diputados, decisión que ha sido cuestionada por representantes de los sectores empleador y trabajador.

En términos similares se expresó el presidente ejecutivo de la JAD, Omar Benítez, que plantea que la Cámara Alta convoque a vistas públicas para debatir sobre los pro y contra de una modificación a la Ley General de Seguridad Social.

Expuso que aunque la JAD favorece una revisión de esa legislación para adecuarlas a las nuevas exigencias del país, entiende que una iniciativa de ese tipo que considera eminentemente técnica, debe ser consensuada a través de un diálogo tripartito.

¨Aunque entendemos que es prerrogativa del Congreso Nacional revisar y modificar cualquier ley para adecuarlas a los nuevos tiempos, en el caso del proyecto que contempla reducir el margen de beneficio que obtienen las ADP por su intermediación en la administración de los fondos de los trabajadores, debe ser el resultado de consultas previas entre los sectores que intervienen en esa actividad ¨, enfatizó Benítez.
La decisión de la Cámara de Diputados de aprobar dicha modificación de manera unilateral ha sido considerada de apresurada.