Legisladores de las provincias Baoruco e Independencia consideraron un atentado al desarrollo de la región fronteriza sugerir el cierre de la única industria establecida en la región del lago Enriquillo, y recordaron el mandato constitucional que declara de supremo interés nacional el desarrollo económico y social de esa zona.

Los senadores del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Manuel Antonio Paula, de Baoruco, y Juan Orlando Mercedes, de Independencia, conjuntamente con los diputados de ambas provincias se sumaron al reclamo de 112 trabajadores de la Industria Licorera La Altagracia (ILLA) para que se protejan sus empleos y se respete la decisión del Consejo de Coordinación de Desarrollo Fronterizo que autorizó la operación de esa empresa en el municipio de Galván, al amparo de la Ley 28-01 de desarrollo fronterizo.

Los diputados que suscriben la posición son Eugenio Méndez, del Partido Revolucionario Dominicano (PRD); Miguel Ángel Peguero Méndez, del Partido Popular Cristiano (PPC), y Rafael Méndez y Pablo Santana, del PLD.

Los legisladores reaccionaron de ese modo ante la demanda incoada por la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), a través de una acción cautelar, para que se disponga el cierre de la Licorera La Altagracia y de otras empresas establecidas en la zona fronteriza al amparo de la Ley 28-01.

La AIRD interpuso un recurso contencioso administrativo solicitando la suspensión de los permisos de operación de las industrias fronterizas alegando que se vulneran los derechos de sus asociados porque alegadamente las decisiones del Consejo de Coordinación Zona Especial de Desarrollo Fronterizo provocan una distorsión en el mercado nacional.

Los senadores y diputados expresan en su declaración que la región que representan atraviesa actualmente por una dramática situación debido a las inundaciones del lago Enriquillo, por lo que consideran inaceptable la petición contra la única industria que opera en la zona.

Recuerdan que el artículo 10 de la Constitución de la República declara de supremo y permanente interés nacional la seguridad, el desarrollo económico, social y turístico de la zona fronteriza.