Las autoridades del Banco Central (BC) y de la Dirección General de Impuestos Interno (DGII) pidieron este martes a la comisión de Seguridad Social, Trabajo y Pensiones del Senado, excluir a los empleados de esas instituciones del proyecto de Ley de regulación salarial de la Administración Pública, que busca regular los salarios en el sector público.

Anil Fondeul, Olga Morel, asesora legal y asesora del gobernador del Banco Central, Héctor Valdez Albizu,, dijeron que esa entidad debe ser excluido, porque la institución tiene su propio reglamento interno y su propio financiamiento, por lo que no depende del Presupuesto General del Estado.

Morel, aclaró que el organismo nunca ha estado en la ley y explicó que hay razones de índole constitucional y legal para ello.

Declaró que el Banco central genera sus propios recursos para los gastos administrativos y que se manejan con régimen transparente para establecer los salarios.

En iguales términos, expresaron las autoridades de la Dirección General de Impuestos Interno, quienes alegaron los mismos argumentos.

La comisión de Seguridad Social, Trabajo y Pensiones, que preside el senador José María Sosa, realizó vistas públicas del proyecto de Ley de regulación salarial de la Administración Pública, el cual fue escenarios de críticas y recomendaciones por parte de los participantes.

Una de las participaciones que más llamó la atención a los presentes fue la de Manuel Méndez, de 85 años, quien con una lucidez extraordinaria critico el sueldo que ganan los senadores y el barrilito.

En ese sentido, cuestiono que en la actualidad un policía gane un salario de miseria, mientras que los legisladores y funcionarios reciben altas sumas de dinero.

También el octogenario cuestiono las altas sumas que son destinadas a los partidos políticos, los cuales deberían ser utilizados en las construcciones de escuelas rurales y en los pueblos.

Le doy gracias a Dios a por permitirme estar hoy aquí como Jonás en el vientre de la ballena, reiteró Méndez.

Durante el desarrollo de las vistas hubo también un enfrentamiento entre la sub directora de Impuesto Internos, Germania Montás y el Ministro de Administración, Ramón Ventura Camejo, por algunas disposiciones establecidas en el proyecto.

Montás reiteró que la DGII debe ser dejada fuera de la ley, ya que no existen razones técnicas para ello, porque forman parte de la carrera tributaria y aclaró que ni el director, ni los sub directores disfrutan de tarjetas, seguridad y otros beneficios que reciben altos funcionarios.

Señaló que no quedan claramente establecidas las definiciones de cargos de alto nivel, salario y remuneración y los componentes salariales no son consistentes.

De su lado, el Ministro Ventura Camejo, consideró como errado el criterio presentado por Montás, tras señalar que no pueden haber órganos ajenos a la política del Estado.

Afirmó que la pieza viene a fortalecer la institucionalidad, transparencia, reducir la discrecionalidad que existe en la actualidad.

Destacó que este es el mejor momento para aprobar dicho proyecto porque no hay intereses por medio. Y que al equipo económico del electo presidente Danilo Medina le interesa, ya que la misma garantizaría una escala salarial en la República Dominicana.

El Ministerio de Trabajo, representado por Radhamés Vásquez, manifestó su respaldo y solo presentó sugerencias de forma, no de fondo, mientras que Francisco Ramírez, de la confederación de Trabajadores Unitaria (CTU) también apoya el proyecto y pidió que cada año se aplique el ajuste por inflación anual y que el salario mínimo se establezca en base a la canasta familiar que hace el Banco Central.

Participación Ciudadana también apoya la iniciativa, y las asociaciones de empleados de la contraloría general de la República, Agricultura y Deportes.

Al finalizar la jornada de trabajo, el presidente de la comisión, José María Sosa Vásquez, dijo que presentaran el informe en la próxima sesión.

Y aclaró que no existe ninguna dilatación para la aprobación de dicha pieza, tal y como habían publicado algunos medios.