Economía

Piden ley seguridad elimine informalidad

Piden ley  seguridad elimine informalidad

El proyecto de Ley de Seguridad Privada que cursa en el Congreso debe convertirse en un instrumento de desarrollo y formalización del sector, ya que actualmente dos terceras partes de los usuarios de esos servicios los adquiere de manera informal, estimó hoy la Confederación Patronal (Copardom).

La organización de empleadores, presidida por Fermín Acosta, sostuvo que el 70% de los gastos del sector de la seguridad privada están determinados por nómina y personal, mientras que, paralelamente, estas actividades están afectadas por un alto nivel de informalidad.

De acuerdo con datos en manos de Copardom, “alrededor de dos tercios de los usuarios de la seguridad privada lo hacen por medio de servicios informales”.

En ese sentido, manifestó que la legislación debe promover el crecimiento sostenido del sector y, al mismo tiempo, fomentar la formalización de las actividades propias de la seguridad privada.

Asimismo, sugirió a los legisladores tomar en cuenta que el fomento de los servicios de seguridad privada contribuye con la mejora de la seguridad ciudadana.

“Por lo tanto, las decisiones del Congreso respecto de la Ley de Seguridad Privada deben adoptarse bajo el más amplio consenso entre quienes intervienen en estas actividades”, declaró Copardom.

Posición empresas

La semana pasada la Asociación Dominicana de Empresas de Seguridad (Adesinc) advirtió que si el Congreso Nacional aprueba sin modificaciones el referido proyecto de ley, podría generarse una crisis en ese sector, que incluiría afectar los empleos de las cerca de 22 mil personas.

La presidenta de la entidad, Lucile Houellemont, afirmó que las empresas de seguridad no podrán subsistir en un mercado con altos impuestos y márgenes muy bajos.

La presidenta de Adesinc presentó un estudio sobre el “Impacto económico sectorial del proyecto de Ley de seguridad privada”, realizado por la firma de consultoría Deloitte.

Indicó que la nueva Ley propone un 1.25% del monto bruto de los servicios que brindan las empresas prestadores de servicios de seguridad privada, liquidable mensual, trimestral o semestral, y que el 30% de éstos será dirigido al patrimonio de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.