No fueron depositadas ante el Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional las pruebas en que se sustenta la acusación presentada por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) en contra de ex funcionarios de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE)
Ante la inexistencia de las pruebas en el expediente, la jueza Patricia Padilla la requirió por escrito a la directora de la Pepca, licenciada Laura María Guerrero Pelletier, para que deposite las pruebas.
“Estamos requiriendo las pruebas para poder notificar el expediente a las partes y fijar la audiencia del juicio preliminar”, dijo la magistrada.
Entre las pruebas que dice la Pepca posee en contra de los ingenieros Alejandro de los Santos, Yoel Soriano Fabián, el abogado Julio Rafael Pérez y Juan Ernesto Romero Pérez, figuran testimoniales, peritos, periciales, documentales, en formato digital y materiales.
Sostiene en la presentación de la acusación que con esos elementos de pruebas pretenden presentar en juicio preliminar la indicación y las circunstancias de los hechos que contribuyeron a que el ingeniero David Rodríguez se quitara la vida en uno de los baños de la OISOE, en septiembre pasado.
Si la directora de la Pepca no deposita las pruebas requeridas por la magistrada Padilla, el Tribunal tendrá que abocarse a una audiencia y disponer por sentencia la entrega solicitada.
“No se ha podido notificar a las partes por la falta de las pruebas que no fueron depositadas”, señaló la juez Padilla.
En la acusación de 77 páginas, figuran 14 pruebas testimoniales, la proposición de un perito, seis pruebas periciales, 38 pruebas documentales, una prueba material y 26 documentos procesales.
El ingeniero Alejandro de los Santos, encargado de Edificaciones Escolares, exempleado de la Oisoe, posee un patrimonio que no se justifica con sus ingresos formales, precisa la Pepca en su acusación.
Sostiene que se dedicaba a extorsionar a contratistas que eran beneficiados con la construcción de edificaciones escolares, devengaba en la Oisoe un salario de 60 mil pesos como auxiliar técnico, aunque su función era la de encargado de Edificaciones Escolares.
Laura Guerrero Pelletier considera que los bienes que poseía De los Santos, no eran compatibles con un empleado público partiendo de la carga económica familiar.
Reseña la Pepca que De los Santos y su esposa tenían un inmueble de clase media y en 2015 adquirieron uno de clase alta, como lo reflejan los pagos a la sociedad Grullón Rodríguez Services (Gruporossa).
En menos de un año, en el período comprendido entre noviembre del 2014 y junio del 2015 hizo ocho pagos por un monto total de 4 millones 843 mil 600 pesos.
Aquirió, además, un vehículo Honda CRV del año, en diciembre del 2014. La Pepca entiende que los recursos que a través de sus adquisiciones ostentaba De los Santos fueron obtenidos de manera ilícita, constriñendo a contratistas.
UN APUNTE
Extorsión y chantaje
La Pepca determinó en su acusación que el ingeniero Alejandro de los Santos, utlizaba sus funciones para extorsionar a ingenieros contratistas y obligarlo a tomar prestamos y firmar cesión de crédito. Ofrecía otorgarle partida de la obra, correspondiente a la a jardinería. Amenazaba con intervenir la obra porque supuestamente estaban para inauguración.
