La Unión de Trabajadores Cañeros (UTC), Fundación Derechos Vigente (FDV) y la Asociación de Promoción para la Vida (APV) pidieron este jueves al Gobierno suspender las repatriaciones masivas de extranjeros indocumentados hasta que concluyan las acciones de regularización, a fin de evitar maltratos y discriminación con los inmigrantes.
Jesús Núñez, de la UTC, y Genaro Rincón, de la FDV y la APV, entienden que se debe solucionar la regularización del estatus migratorio de los trabajadores cañeros y sus familias llegados a República Dominicana por iniciativas de los dos Estados que comparten la misma Isla.
Pidieron al Poder Ejecutivo emitir un decreto que favorezca la regularización del status migratorio de los trabajadores cañeros y sus familias, y que esa regularización surta efectos retroactivos en favor de sus hijos nacidos en territorio dominicano, para que puedan acceder sin contratiempo a la nacionalidad y ciudadanía dominicanas.
Además reclamaron decretar la suspensión de la deportación masiva y colectiva, por considerar que el procedimiento podría ser violatorio a los derechos fundamentales y afectar la permanencia en el país de trabajadores cañeros inmigrantes haitianos y sus familiares que de manera forzosa no han podido documentarse.
También reclamaron que se ordene mediante decreto a los ministerios de Relaciones Exteriores e Interior y Policía a que procedan a regularizar a todos y cada uno de los trabajadores cañeros inmigrantes haitianos, en cumplimiento de los acuerdos de contratación de mano de obra haitiana para el corte de la caña.
Argumentan que los trabajadores cañeros y sus familias son beneficiarios de las cláusulas contenidas en los Acuerdos y Contratos de Trabajo Domínico-haitiano, suscrito para la contratación de mano de obra para la producción, corte y tiro de la caña de azúcar.
Exponen que “los dos últimos acuerdos los firmaron en los años 1959 y 1966 y la vigencia de éste último se extendió hasta el año 1999, cuando se dio por terminada la producción de azúcar en los ingenios del Estado dominicano”,
Precisaron que en esos compromisos bilaterales ambos Estados se comprometieron a contratar y a dotar de la documentación de identidad, migratoria y de trabajo correspondiente a cada contratado y su familia.
“Es justo reconocer que los trabajadores inmigrantes y sus familias en territorio dominicano han realizado sustanciales aportes a la economía, sociedad, cultura y la democracia de República Dominicana, al mismo tiempo que han sufrido violaciones que resultan inaceptables para la vigencia sus derechos humanos, nacionalidad e identidad de sus hijos nacidos en territorio dominicano”, expresaron los voceros de las entidades en un documento.
Expusieron que “ante lo expresado, hoy iniciamos un proceso legal a través de nuestros abogados, en nombre y representación de 1,512 trabajadores cañero que tienen solicitudes de pensión pendientes, y otros 307 que reciben pensiones del Estado dominicano, y aquellos trabajadores que debido a los pesados trámites burocráticos, no han podido formalizar sus solicitudes de pensión, y para esos fines las autoridades del Gobierno procedan a resolver, de manera definitiva, la situación migratoria de estos trabajadores”.
