Los senadores Julio César Valentín (Santiago) y Charlie Mariotti (Monte Plata), junto a Tommy Galán (San Cristóbal) encabezan lo que han denominado una ofensiva social en contra de la corrupción, para lo cual han presentado siete proyectos de ley dirigidos a establecer normas que permitan la prevención e imposibiliten la impunidad a quienes malversen fondos públicos.

Valentín y Mariotti, quienes participaron ayer como invitados al almuerzo semanal de los medios de comunicación del Grupo Corripio, dijeron que tras la presentación de esos proyectos buscan un consenso social y político que posibiliten su aprobación.

Aspiran incluso a que algunos de ellos, como el relacionado con la Declaración Jurada de Bienes, presentado por ellos y posteriormente fortalecido por el Banco Mundial, sean aprobados durante el actual período de transición, de manera que los nuevos funcionarios no puedan escogerse a leyes vigentes que les facilitan márgenes de incumplimiento.

El período de transición es un buen momento para descartar normas rezagadas que aportan beneficios a los que hacen las cosas malas, dijo Mariotti.

Precisó también que el período de transición en el cual no se está juzgando ningún caso en particular, permitiría también a los partidos de oposición y a las organizaciones de la sociedad civil tener en sus manos instrumentos con los cuales vigilar las actuaciones de las nuevas autoridades.

Valentín dijo, de su lado, sobre ese particular que sería una gran contribución del Congreso al nuevo gobierno, que encabezado por Danilo Medina se inicia el próximo 16 de agosto, la aprobación de esos proyectos, que buscan crear una nueva dinámica en el manejo de los fondos públicos no sólo en el Gobierno Central sino también en las agencias descentralizadas y corporaciones autónomas, como son las alcaldías.

Algunos de los proyectos propuestos amplían la capacidad fiscalizadora de entidades como la Cámara de Cuentas, otro crea una unidad especial en el Congreso Nacional para dar seguimiento técnico a las ejecuciones presupuestarias, mientras otro enfatiza en la racionalización del gasto público.

Los proyectos presentados son siete, a saber, Proyecto de Ley de Cámara de Cuentas; Proyecto de Ley de Declaración Jurada, modificado por el Banco Central; Proyecto de Ley de Fiscalización y Control; Proyecto de Ley de Integridad de la Función Pública; Proyecto de Ley de Derecho de las Personas en los Procesos Administrativos; Proyecto de Ley de Racionalización del Gasto Público y Proyecto de Ley que Establece el Procedimiento para el Otorgamiento del Indulto.

Mariotti, en otra de sus intervenciones, dijo que la ofensiva social contra la corrupción que han propuesto, busca no sólo prevenir que los funcionarios y empleados públicos hagan mal uso de los recursos del Estado, sino también impedir que sean sobornados por particulares.

Destacó que tanto para corruptos como para los corruptores se establecerán sanciones, que incluyen la recuperación por parte del Estado de los bienes en los cuales se invirtieron sus recursos mal habidos.

Una de las propuestas también buscaría que la evasión de impuestos sea considerada como una actividad igual al lavado de activos.

Otro pretende una revisión de los salarios en el sector público, tomando en consideración los desniveles existentes, pero también tomando en consideración que no se puede aspirar a tener buenos funcionarios y técnicos, calificados y pulcros devengando salarios que no les permitan satisfacer en forma holgada sus necesidades.

UN APUNTE

Recursos y control gasto

El senador Valentín se opuso a la existencia de leyes que asignan recursos fijos del presupuesto de determinados sectores, como es el caso de las alcaldías, si al mismo tiempo no se crean mecanismos de fiscalización que permitan controlar la calidad del gasto en esas entidades.