El Nacional
El Partido de la Liberación. Dominicana (PLD) rechazó hoy la petición del movimiento Participación Ciudadana (PC), de aplazar la aprobación de una Ley de Convocatoria a la Asamblea Nacional para conocer el proyecto de reforma constitucional.

El secretario general del PLD y presidente del Senado, Reinaldo Pared Pérez, al responder a la petición de la entidad, dijo que había que preguntarse si PC hubiese hecho el mismo pedimento si los legisladores hubieran aprobado que la modificación a la Carta Magna se realizara mediante una Constituyente.

Al justificar la posición de su partido, Pared Pérez manifestó que el proyecto de reforma hace más de dos años que está siendo aireado en los medios de comunicación y en la sociedad, por lo que es inexplicable la oposición de Participación Ciudadana.

Afirmó que durante más de dos años, todos los sectores, incluso Participación Ciudadana, han participado en charlas y eventos dirigidos a discutir las modificaciones que se introducirán a la Carta Magna.

Recordó que desde el 18 de diciembre, cuando el presidente Leonel Fernández depositó la iniciativa en el Congreso Nacional, se han realizado vistas públicas y los sectores interesados han presentado sus posiciones orales y por escrito sobre los temas a plantear para la reforma constitucional.

En tanto, el vocero de los senadores del PLD, doctor Luis René Canaán Rojas, aseguró que la Ley de Convocatoria sería aprobada esta tarde por la cámara alta, luego del informe favorable rendido por la subcomisión formada para esos fines, que preside el senador Francisco Domínguez Brito.

Participación Ciudadana, que ha reiterado su posición de que la reforma constitucional se realice mediante una Constituyente, se ha opuesto a la convocatoria del Congreso Nacional hecha por el Presidente de la República dirigida a que se apruebe la Ley para la Asamblea Revisora.

El movimiento cívico sugirió que la convocatoria de la llamada Cumbre de las Fuerzas Vivas sea pospuesta para mediados de febrero, y no para el 28 de enero, como lo ha hecho el Gobierno, a fin de que las organizaciones tengan tiempo para presentar sus propuestas respecto a los problemas sociales y económicos que afectan al país y en torno a la Constituyente que han sugerido.