La Policía investiga las actividades de una entidad comunitaria que realiza labores paramilitares de patrullaje y prevención y cuyos miembros usan uniformes y ostentan los mismos rangos que los miembros del cuerpo del orden. La investigación fue iniciada después de un incidente en Barahona, donde el gobernador provincial, Pedro Peña Rubio, advirtió que el “Batallón Comunitario” no debe realizar acciones propias de la Policía Nacional porque eso es contrario a la ley.
El gobernador citó a los directivos de la entidad comunitaria después que la Dirección Regional Sur de la Policía con asiento en Barahona fuera informada de que varios jóvenes vestían ropa muy similar a la del cuerpo del orden, y que decían ser miembros de una entidad comunitaria.
El general Máximo Báez Aybar, director regional Sur, prohibió a los miembros del Batallón Comunitario continuar sus actividades, lo que dio inicio al incidente que motivó la intervención del gobernador.
Peña Rubio citó a varios jóvenes integrantes de esa entidad comunitaria, entre ellos Milton Fernando Pimentel, comandante del citado batallón en Barahona, y le ordenó que cesen de patrullar y de realizar labores preventivas que son competencia exclusiva de las autoridades. Según versiones, el grupo es dirigido por Genaro Pediet Suriel, residente en el Distrito Nacional, quien ostenta el rango de teniente coronel. La Policía investiga si es cierto que el Batallón Comunitario opera en 26 de las 31 provincias del país y en el Distrito Nacional con el objetivo de contribuir a enfrentar la ola de violencia y de delincuencia que afecta el territorio nacional.
Se informó que los directivos del citado batallón cobran distintas sumas de dinero a los jóvenes que desean ingresar al mismo para otorgarle un carnet que los acredita como miembros. Se informó que los jóvenes usan un uniforme similar al de la Policía Nacional, especialmente muy parecido al de la Policía Turística (Politur).
Hace dos años varios directivos del Batallón Comunitario fueron apresados y acusados de usurpación de funciones por la Policía Nacional al descubrir que comercializaban documentos de tipo miliar. Los miembros del Batallón Comunitario fueron apresados en el sector El Café de Herrera y en la avenida Independencia en el Distrito Nacional, tras lo cual fueron sometidos a la justicia.
