Podredumbre escolar

La escuela pública se estremece de nue­vo ante la denuncia de que dos profeso­res violaron a una estudiante de 13 años en un plantel básico del municipio Quis­queya, en San Pedro de Macorís, lo que también ha consternado e indignado a esa comunidad y a la sociedad toda.

Aun apegado al principio constitucional de presunción de inocencia que cobija a los presuntos violadores, debe señalar­se que la familia de la menor ha confir­mado que la niña sufrió abuso sexual de manera repetida y que uno de los docen­tes la amenazó con hacerle daño si daba la voz de alerta.

No se olvida la tragedia de una adoles­cente de 16 años que murió en Higüey

a causa de un profuso sangrado causa­do por un medicamento abortivo que le habría suministrado su profesor tras abusar sexualmente de la menor e inducir a otras estudiantes.

Ese bochornoso suceso ha quedado en el ámbito investigativo de la regional de educación 05, correspondiente a San Pe­dro de Macorís, Hato Mayor y La Romana, y hasta ayer no había merecido el menor comentario de alguna autoridad superior del Ministerio de Educación.

La abuela de la estudiante agraviada reveló que la menor le dijo que forcejeó con uno de los profesores agresores que insistió en proferirle amenazas, al advertirle que “le iba a pasar algo si hablaba”, mientras el otro docente visitaba la misma iglesia que congregaba a la familia de la víctima.

La Asociación Dominicana de Profesores (ADP) debería mostrar mayor solidaridad con la víctima, su familia y la comunidad y no limitarse a recomendar que los tribu­nales resuelvan penalmente lo que representa una tragedia familiar y comunitaria.

La prensa ha divulgado de ese desgarrador caso, que no ha merecido mayor atención de las autoridades educativas que la que dispone su propia burocracia, sin enten­der que la violación de una estudiante por dos profesores de una escuela pública es causa de una gran crisis de reputación pa­ra el sistema público de enseñanza.

No resulta ocioso preguntar: ¿En cuántas escuelas y colegios ocurre, ha ocurrido o se corre el riesgo de que ocurra un suceso similar por deficiencia o indiferencia en la aplicación de protocolos de protección a la integridad de los estudiantes? Correspon­de, pues, al ministro de Educación proce­der a la altura de su deber, obligación y res­ponsabilidad.