BUENOS AIRES, 6 Oct 2012 (AFP) – La policía militarizada de la Gendarmería y la Prefectura de Argentina cumple este sábado su quinto día de protesta por reclamos salariales, mientras el gobierno sancionó a su portavoz e intervino por irregularidades un organismo clave de la Gendarmería.
La ministra de Seguridad, Nilda Garré, ordenó el viernes por la noche la intervención de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Gendarmería Nacional por «irregularidades en el tratamiento de medidas judiciales relacionadas con reclamos salariales», anunció en un comunicado.
La medida se produce en medio de la tensión por el reclamo salarial de los efectivos que anunciaron se mantendrá al menos hasta el martes cuando el gobierno prometió dar repuesta a un petitorio.
El ministerio sancionó con el ‘pase a disponibilidad’ al suboficial de la Gendarmería Raúl Maza, portavoz de los manifestantes, confirmó este sábado el gendarme.
«No nos meten miedo con esto, no voy a dejar a mis camaradas que me confiaron como vocero, además es un estado intermedio que dura hasta que la superioridad se expida sobre la cuestión», dijo a Radio El Mundo.
Los policías militarizados se mantienen manifestando uniformados pero sin armas frente a las sedes de las instituciones en distintas ciudades.
La Gendarmería está a cargo de la custodia de las fronteras terrestres, pero también cumple tareas de prevención en áreas sensibles, al igual que la Prefectura, que dejó de ser solo policía guardacostas.
La vicepresidenta de la Corte Suprema, Elena Highton, advirtió en rueda de prensa en Córdoba (centro) este sábado que «hay que tener cuidado porque están armados y son un servicio público muy relevante».
«Ellos no son lo mismo que cualquier trabajador, porque tienen armas dadas por el Estado», remarcó.
El gobierno de Cristina Kirchner relevó el miércoles a las cúpulas de ambas fuerzas, que nuclean a más de 50.000 efectivos, por considerarlas responsables de una errónea aplicación de un decreto, ahora derogado.
El decreto intentaba arreglar distorsiones salariales, pero en la práctica introdujo rebajas de hasta 60% que fueron el detonante del conflicto.

