La política migratoria de deportación de indocumentados no se puede detener. Todo el que se encuentre en condición de ilegal en República Dominicana tiene que ser repatriado.
No es una decisión que se tome para perjudicar a los haitianos, sino de hacer valer las leyes dominicanas. El caso de los haitianos llama la atención por ser el sector extranjero mayoritario en el país.

Deportar al que no tenga sus papeles en reglas es una obligación para las autoridades dominicanas. Todo el que esté en nuestro territorio debe estar identificable, sino se le debe deportar.

A pesar de lo férreo de esa disposición, salvo casos aislados, no se violan los derechos humanos de los haitianos. Con medidas de control, en el calor de las detenciones, se pueden cometer excesos. Las autoridades de Migración deben velar para que se respeten todos los derechos de los detenidos.

De acuerdo con los informes de Migración, en la gestión del contralmirante Luis Rafael Lee Ballester se han deportado 500 mil haitianos, casi todos indocumentados. Es una acción que no puede tener pausas y debe continuar en forma permanente.

Se deben mantener los controles en las principales ciudades, barrios y áreas rurales donde hay denuncias de que se forman colonias de ilegales haitianos. No se puede permitir barrios de indocumentados en el país.

Los haitianos, en su gran mayoría, vienen a la República Dominicana huyendo de las pésimas condiciones de vida que tienen en su país. Llegan a trabajar muy especialmente en la industria de la construcción y la agroindustria.

Son plazas que los dominicanos han dejado desiertas y en las cuales no se animan a vender su fuerza de trabajo. Hay varios factores para esa posición de los dominicanos. Muy en especial están los bajos salarios.

Para que el dominicano retorne a trabajar en el cargamento de varilla y cemento, o con el machete en la zona rural, se deben mejorar las condiciones laborales, dotarlos de seguridad ocupacional y satisfacer una serie de conquistas sociales.

Los empresarios de estos dos sectores se han acostumbrado a una mano de obra barata, que no exige nada y que trabaja sin descanso. En parte, ellos son responsables por la cantidad de indocumentados que hay hoy en el país.

Las autoridades tienen un gran reto por delante, y es garantizar que más indocumentados no penetraran por la zona fronteriza, eliminar los bolsones barriales o rurales donde se cobijan los que no tienen protección legal, y hacer valer las leyes nacionales.

Por: Manuel Hernández Villeta