Observando estadísticas macroeconómicas de países de América Latina y el Caribe se puede llegar a la conclusión de que la República Dominicana es un verdadero paraíso para vivir, con una de las menores cargas impositivas con relación al Producto Interno Bruto (13.7%, solo detrás de Guatemala con 12.6), con tasa de desempleo de apenas 5.3% (entre las más bajas del continente), un índice de pobreza que ha bajado a 21.8 y con un registro de mayor crecimiento, en toda la región, en los últimos 30 años.

Los organismos que hacen estas mediciones cada año suelen poner como referencia a Estados Unidos y particularmente a la ciudad de New York, donde el costo de la vida es superior en un 20% a los demás estados de esa poderosa nación.

De forma errónea, muchos dominicanos tienen todavía a esa ciudad como el “gran sueño americano”, pese a que solo los automóviles, electrodomésticos y ropas se adquieren a precios más asequibles. El costo de la renta, los alimentos, medicinas y demás servicios mete miedo.

En Estados Unidos –particularmente en New York– una persona requiere consultar a un especialista médico y la cita se toma varios meses.

En República Dominicana es más rápido que inmediatamente.
Algunos injustamente se oponen a la reforma fiscal que ha anunciado el Gobierno, la cual se ha postergado por mucho tiempo, pero es un imperativo para la estabilidad macroeconómica del país realizar los ajustes correspondientes.

Esos ajustes consisten en que los gastos estén acordes a los ingresos. Es la forma más responsable en que puede actuar presidente alguno.

Cabe destacar que Luis Abinader encontró un país desfalcado por la corrupción pública, sin fondos, inclusive, para pagar la nómina de agosto de 2020, en medio de una pandemia que dañó nuestro aparato productivo y cuando se creía que la crisis se superaba se produce la guerra entre Rusia y Ucrania, la cual provocó desabastecimiento e inflación a nivel mundial.

Para evitar una inflación que dañe la economía, el Gobierno hace esfuerzos por mantener estabilidad en la tasa de cambio, subsidia los carburantes cada semana, así como la energía eléctrica que ofertan las distribuidoras, las cuales operan con déficits que en algunos casos ascienden hasta el 40%. También se subsidian otros servicios y alimentos básicos.

¿Qué solución buscar? La oposición plantea la reducción del gasto, mediante la cancelación masiva de empleados públicos y la eliminación de las asistencias sociales que ofrece la presente administración.

Se trata de una idea fatalista, despedir servidores públicos y retirar las ayudas a familias pobres, solo contribuyen a incrementar las tasas de desempleo y de pobreza de la República Dominicana.

Ningún empleado estatal debía ser despedido. Es un derecho constitucional, indistintamente de colores políticos.

La alternativa más saludable, para múltiples economistas independientes, sería aumentar algunos impuestos y crear otros, sin afectar a las clases media y baja.

Ya algunos segmentos empresariales, en un ejercicio de conciencia, han expresado su aprobación. De esa manera se endereza la economía.