Diversos sectores reclaman que el Gobierno no aplique la ley 252-12 que dispone a partir del día primero de enero un incremento de 13 a 16% del Impuesto a la Transferencia de Bienes Industrializados y de Servicios (Itebis) a 18 productos que estaban exentos de ese gravamen.

Entre esos productos que en lo adelante serán gravados con el Itebis figuran chocolate, café, cacao y sus derivados, grasas comestibles, mantequilla y margarina.

Es lógico que el criterio unánime sea el de que se revoque o se postergue la aplicación o incremento del Itebis a esos productos que forman parte de la canasta básica, pero es menester que cualquier decisión al respecto incluya un compromiso mayor relacionado con la aprobación de un Pacto Fiscal.

Esa ley, que data de 2012, establece también un incremento del impuesto selectivo al consumo de bebidas alcohólicas, además de mantener el cobro del 1% sobre los activos de las empresas y la aplicación del 27% de Impuesto sobre la Renta sobre todos los contribuyentes, sean personas físicas o empresas.

Si el Gobierno simplemente revoca o posterga la aplicación de la cuarta y última fase de la reforma fiscal instituida por la referida ley, se vería como una simple medida de carácter político, cónsono con el periodo electoral, sin tomar en cuenta el compromiso de garantizar estabilidad fiscal.

En efecto, durante los tres años de prórroga en la aplicación de ese estatuto de reforma fiscal, no se cumplieron las previsiones de incremento de la presión tributaria (incremento de los ingresos fiscales en proporción al Producto Interno Bruto), que se mantiene en poco más de un 14%.

A pesar de que la economía ha crecido desde 2012 cerca de un 5% en promedio, la presión tributaria se mantiene como la más baja de América Latina, con excepción de Guatemala, lo que indica que los ingresos fiscales no alcanzan para solventar desarrollo y equidad.

Gobierno y sector productivo están comprometidos con arribar a un Pacto Fiscal que garantice un esquema impositivo basado en la justicia y transparencia tributaria y que aplique una política de gasto público basada en la calidad y el control fiscal. Lo demás es politiquería.