WASHINGTON. AFP. Una jueza federal de Estados Unidos decidió este miércoles la postergación de las ejecuciones de dos condenados a muerte en Texas, incluyendo el mexicano Ramiro Hernández, hasta que se conozca el origen de un componente de la inyección letal.
La decisión de la jueza Vanessa Gilmore posterga por tiempo indeterminado la ejecución del estadounidense Tommy Sells, prevista para el jueves, y de Hernández, quien iba a ser sometido a la pena capital el 9 de abril.
En su fallo, del que AFP obtuvo una copia, la jueza Gilmore accedió a una apelación presentada por los abogados de Sells y Hernández que pedía «la publicación completa de la fuente, naturaleza y eficacia» del anestésico pentobarbital, utilizado en las inyecciones letales.
Las autoridades del estado de Texas (sur) habían anunciado el agotamiento de sus existencias de pentobarbital, pero habían logrado sustituirlo con otro fármaco. Ese nuevo producto habría sido «sometido a prueba por un laboratorio independiente», de acuerdo a los documentos de la apelación.
Los abogados de los condenados pidieron que se divulguen detalles de las pruebas de análisis del producto para tener seguridad que no se viola la Octava Enmienda de la Constitución estadounidense, que prohíbe la aplicación de «penas crueles y no usuales». La jueza Gilmore deploró que Texas haya autorizado el uso del nuevo producto «dos días antes de la primera ejecución» prevista.
«El secreto que mantiene el estado (de Texas) sobre el producto usado en la inyección letal impide a los demandantes evaluar y cuestionar la constitucionalidad de este método de ejecución», expresó la jueza.
De esta forma, las dos ejecuciones han quedado postergadas por tiempo indeterminado, hasta que el estado de Texas presente informaciones sobre «el o los fabricantes (del producto químico), los análisis conducidos, el tipo de estudios, por parte de quiénes y cuáles fueron los resultados».
Varios estados de Estados Unidos agotaron sus reservas de pentobarbital después que fabricantes europeos se negaron a venderlo para uso en ejecuciones humanas, y por ello Texas prefirió conseguir el producto con nuevos laboratorios o con productos no homologados a nivel federal.
El mexicano Hernández fue condenado a muerte en el año 2000 por el asesinato de un profesor en 1997, y la violación a la esposa de este último. Durante su condena, hirió mortalmente a una guardia carcelaria.
Sin embargo, la Corte Internacional de La Haya ya pidió a Estados que suspenda su ejecución ante evidencias de que sus derechos consulares fueron violados al momento de su arresto, en atropello a la Convención de Viena.
Unos nueve países imponen la pena de muerte en el continente americano, pero solo Estados Unidos sigue realizando ejecuciones.
