El Partido Revolucionario Dominicano (PRD), pidió esta mañana, al entregar un documento-denuncia, la intervención técnica de la Organización de Estados Americanos (OEA), para detener lo que llamó prácticas ilegales del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), y el Gobierno para favorecer a los candidatos oficialistas en las elecciones del próximo domingo.

El consultor jurídico del PRD, Salim Ibarra, entregó a los observadores internacionales de la OEA documentos-denuncias de supuestos uso y abusos de los recursos del Estado a favor en la campaña electoral a favor de los candidatos del PLD, por lo que aseguran no hay condiciones para celebrar unas elecciones con equidad y justeza.

A las 9:30 de la mañana una comisión de abogados que integran, además, Melchor Contín, Fernando Ramírez Sanz, Alejandro Paniagua y Carlos Joaquín, entregaron a los observadores de la OEA la denuncia, sus oficinas de la Winston Churchill esquina José F. Thómen.

En declaraciones por teléfono, Salim expresó que la intención del PRD es que se frene en lo que queda de la campaña los abusos electorales del Gobierno y que se tomen medidas para futuras elecciones.

Manifestó que la denuncia no debe verse como una debilidad del PRD, sino que asume con responsabilidad su papel de denunciar casos concretos, como hizo con la violación de la Sun Land, y otros casos ilegales.

La denuncia concreta es que no existen las condiciones necesarias para que el proceso electoral se desarrolle con la debida justicia y equidad, fruto del uso y abuso de los recursos del Estado, dijo Salim.

Entre las denuncias figura uso de funcionarios como jefes de campaña de los candidatos del PLD, repartos de alimentos y electrodomésticas y otras ayudas en los mítines oficialistas y el uso de la nómina pública para sumar voluntades.

Sugirió que al finalizar la campaña se hagan simposios para analizar las fallas en la proceso electoral dominicano, con la participación de las iglesias, los medios de comunicación y los partidos.

EN-PN

El PRD denunció ante la OEA el uso de militares y policías en las mítines de campañas para custodiar a los funcionarios y las caravanas de los candidatos del partido oficialistas.