Igual que en los últimos 10 años, la oposición política pedirá una reformulación del Presupuesto del 2015 como un simple ejercicio democrático, porque no cuenta con los votos para su modificación en el Congreso Nacional. Como en años anteriores, la pieza que debe representar el esquema para el desarrollo nacional, viola artículos de la Constitución en cuanto a porcentajes asignados por ley a los ayuntamientos, así como los poderes Judicial y Legislativo.
Sólo se cumple el 4% asignado a la Educación que fue una conquista de la sociedad incumplida por los gobiernos desde hace dos décadas.
El Consejo de Ministros aprobó el viernes el Presupuesto General del Estado que regirá para el 2015 por un monto de 630 mil 934 millones de pesos.
Los funcionarios del área económica del Gobierno precisaron que el Presupuesto del 2015 asigna a las dependencias del Estado las mismas partidas que en el 2014.
Agrega que sólo se excluyen el Ministerio de Salud al que se aumentará poco más de 13 mil millones de pesos para cumplir con el 4% del PIB para educación y otra partida para el pago de la deuda.
El Gobierno prevé una recaudación por 455 mil millones de pesos y un financiamiento de 175 mil 500 millones de pesos.
Eso significa que la deuda externa continuará incrementándose.
Cabildos
Los ayuntamientos hace años luchan para que se cumpla la ley que les asigna el 10 por ciento de los ingresos del Gobierno.
De nada han valido sus reclamos, porque desde la aprobación de la ley de hace más de 10 años, nadie la ha cumplido.
Cada año se le aumenta unos mil millones de pesos adicionales, cuya cantidad está muy lejos aproximarse a lo establecido por la ley.
Poder Judicial
Al poder Judicial le corresponde un 2.6 del Presupuesto, pero ese porcentaje nunca se le ha asignado.
En los últimos años, el presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) se ha quejado del bajo presupuesto asignado que no le permite aplicar los programas capacitación, creación de nuevos tribunales y mejoría en las condiciones de vida de los jueces.
Igual situación se ha presentado en el Ministerio Público que al igual que los jueces han realizado paros de actividades en reclamo de mejoras salariales.
La Cámara de Cuentas y el Congreso Nacional son otras instituciones en las que sus asignaciones son letra muerta.
