El presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Roberto Rosario, ha puesto el dedo en la llaga al advertir sobre las consecuencias para el proceso electoral del drástico recorte de fondos al organismo. Y lo cierto es que la reducción de 51 millones de pesos en vísperas de unas elecciones representa una estocada que incluso se presta a conjeturas. Rosario se ha cuidado de afirmar que la decisión afecta la organización del proceso electoral, pero sin duda que le resta calidad y pulcritud. Por el papel que juega tanto en el montaje de los comicios como en la expedición de documentos, la JCE no ha debido ser tocada con reducción de recursos. Pero además porque como tribunal electoral es tan independiente como la Suprema Corte de Justicia o el Congreso Nacional, que el Gobierno no tocó con su decisión. El recorte a la JCE es ilegal y contraproducente, por lo que las autoridades deben desistir de su decisión. Jueces mendigando ante el Presidente recursos para unas elecciones constituye una imagen bochornosa, que empaña una democracia.

